
Tegucigalpa, Honduras – El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Medioambiente dictó este lunes detención judicial contra Liana María Mayorga Castillo, socia de la Tasa de Seguridad, señalada por la Fiscalía por los delitos de fraude y lavado de activos.
La audiencia inicial quedó programada para el jueves 21 de agosto, donde la defensa de la imputada deberá responder a los señalamientos en torno a una presunta defraudación millonaria en perjuicio del Estado.
Fraude en tarjetas para licencias de conducir
De acuerdo con el requerimiento fiscal, Mayorga y el excoordinador de fideicomisos de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, habrían defraudado al Estado con más de 18.5 millones de lempiras mediante un contrato para el suministro de tarjetas PVC destinadas a la impresión de licencias de conducir.
La investigación revela que la empresa Plasticards, constituida apenas en diciembre de 2021, recibió en enero de 2022 un pago millonario de la Secretaría de Seguridad para proveer 480 mil tarjetas, de las cuales solo ingresaron al país 258 mil.
Tres días después del desembolso, la acusada transfirió 17 millones de lempiras a la empresa Inversiones MyM, propiedad de Molina, quien actualmente permanece prófugo de la justicia hondureña y enfrenta una orden de captura con alerta roja internacional.
Próxima audiencia será clave
El Ministerio Público sostiene que este esquema de operaciones refleja un claro patrón de fraude y lavado de dinero en perjuicio del Estado hondureño. La resolución del próximo jueves será clave para determinar si Mayorga enfrentará medidas más severas.