Tegucigalpa, Honduras – El diputado nacionalista Nelson Márquez y cuatro personas más fueron enviados a arresto domiciliario este martes por orden judicial, tras ser acusados por el Ministerio Público de participar en un millonario fraude en perjuicio del Estado de Honduras.
La medida cautelar, que incluye vigilancia policial permanente, también fue dictada contra los imputados Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez. La audiencia inicial del caso continuará el próximo martes 12 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana.
El caso en contexto electoral
Esta acción judicial se produce en un ambiente político tenso, en plena antesala del proceso electoral general programado para el 30 de noviembre.
El requerimiento fiscal señala que los acusados habrían participado en una red de fraude mediante demandas ilegales que drenaron al menos 3,084 millones de lempiras del Estado hondureño.
Según la investigación del Ministerio Público, el origen del caso se remonta al año 2000, cuando Honduras recibió fondos internacionales tras el paso del huracán Mitch.
En ese contexto, el Estado adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., que no estaba habilitada para operar en el país, y esta a su vez subcontrató de forma presuntamente irregular a la empresa NAINSA.
En 2001, la cooperación internacional canceló su apoyo debido a inconsistencias en el contrato. Años más tarde, ambas empresas promovieron demandas basadas en un laudo arbitral que, según el Ministerio Público, nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
El papel del diputado Márquez
De acuerdo al expediente fiscal, en enero de 2020, Nelson Márquez —entonces secretario de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas)— envió a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe legal recomendando firmar un acuerdo extrajudicial con NAINSA, argumentando que así se evitaría una “erogación mayor”.
Un mes después, Sedecoas firmó un convenio que desembocó en millonarios pagos fuera del marco judicial. Para 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria habría admitido otra demanda a pesar de que el laudo base ya había sido declarado nulo.
Además, el requerimiento fiscal menciona que Héctor Alvarado Mejía, entonces representante de la PGR, no se presentó a una audiencia clave, justificando su ausencia con un certificado médico cuya veracidad fue posteriormente cuestionada.
Las autoridades aseguraron que el caso sigue bajo investigación y que no descartan nuevas líneas de responsabilidad penal.
