Cuba – Un tribunal en Cuba ha sentenciado a siete años de prisión a Alexander Mario Fábregas por publicar en redes sociales contenido que, según la justicia cubana, ataca al presidente del país y cuestiona el sistema de gobierno.
La sentencia, identificada como 20/2025 y emitida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, considera que Fábregas cometió el delito de “propaganda contra el orden constitucional” al realizar transmisiones en vivo donde instaba a manifestarse en las calles, defendía la desobediencia civil y respaldaba a los denominados “presos políticos”.
Contenido y alcance de las publicaciones
El fallo detalla que los videos difundidos por el condenado en Facebook obtuvieron entre 30 y 22 reacciones, 50 y 383 comentarios y fueron compartidos entre 19 y 167 veces, además de haber sido replicados en tres canales de YouTube.
A pesar de que la isla cuenta con una población cercana a los 10 millones de habitantes, el tribunal concluyó que las publicaciones de Fábregas buscaban incitar a la desestabilización social y atentar contra el Estado socialista consagrado en la Constitución.
Reacciones y denuncias de organismos de derechos humanos
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó la sentencia como “injusta” y la atribuyó a “un tribunal carente de independencia”, denunciando además una violación a los derechos humanos.
Esta es la segunda condena de Fábregas por razones políticas. En 2021, fue sentenciado a nueve meses de cárcel por “desórdenes públicos” tras su participación en las históricas protestas del 11 de julio, consideradas las mayores manifestaciones antigubernamentales en décadas.
Condenas a opositores en redes sociales
El caso de Fábregas no es aislado. En los últimos años, diversas personas han sido encarceladas en Cuba por expresar su oposición al sistema en redes sociales, incluidos influencers y activistas.
Organizaciones internacionales han criticado los procesos judiciales en la isla, señalando que los jueces no son independientes y que no se garantiza el debido proceso.
Según la ONG Prisoners Defenders, hasta febrero de este año 1.150 personas permanecían detenidas en Cuba por razones políticas.
