Tegucigalpa, Honduras – Cuatro de los cinco aspirantes a la presidencia de Honduras suscribieron este martes un compromiso para impulsar una agenda integral contra la corrupción, de resultar electos en los comicios generales del 30 de noviembre.
La propuesta, impulsada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), contempla medidas como restablecer el tratado de extradición con Estados Unidos y crear una comisión internacional contra la impunidad.
Bajo el lema “Honduras primero: una promesa que se exige, un deber que se cumple”, los candidatos Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (PINU-SD) firmaron la declaración pública. La única que se abstuvo de participar fue Rixi Moncada, aspirante presidencial del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Promesas contra la impunidad
Entre los principales compromisos asumidos por los candidatos están: la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), la aprobación de una estrategia nacional para prevenir este delito, y el fortalecimiento de instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el propio CNA.
Salvador Nasralla se comprometió a instalar la CICIH durante el primer año de gobierno, asegurando que operará con independencia total y sin injerencias políticas.
Aseguró además que el país pierde miles de millones de lempiras anualmente por corrupción, y que su objetivo es detener ese saqueo sistemático.
En tanto, Mario Rivera consideró el acuerdo como una “declaratoria de guerra contra los corruptos”, mientras que Nelson Ávila hizo un llamado a conformar un gobierno de unidad nacional, alertando sobre posibles riesgos autoritarios en el país.
El documento también aboga por revertir la suspensión temporal del tratado de extradición con Estados Unidos, por considerarlo una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El CNA exige compromisos reales
La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, destacó que este pacto representa un momento crucial para el país, que enfrenta graves crisis institucionales y sociales.
Aseguró que los próximos gobernantes no tendrán espacio para la improvisación ni la indiferencia ante el daño causado por redes de corrupción que llevan décadas operando impunemente.
“Gobernar ya no será solo tomar decisiones, será asumir una responsabilidad histórica frente a generaciones enteras de hondureños defraudados por el sistema”, expresó Castellanos.
También advirtió que la lucha contra la corrupción no debe usarse como una bandera populista ni como excusa para justificar errores de gestión: “Requerirá más que capacidad técnica; exigirá valentía moral para desmontar los privilegios que han sostenido el saqueo”.
Contexto electoral
Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir al nuevo presidente, tres designados presidenciales, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano y 298 autoridades municipales.
Este pacto se perfila como un hito en la campaña electoral, al poner en el centro del debate la transparencia y la lucha contra la impunidad, temas que han marcado la agenda nacional en los últimos años.
