Washington, EE.UU. – En una decisión de alto impacto, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este viernes el intento del presidente Donald Trump de avanzar con su plan para restringir la ciudadanía automática por nacimiento, limitando la capacidad de los jueces federales para bloquearlo a nivel nacional.
Con una votación de 6-3 a favor de la mayoría conservadora, el fallo no se pronuncia sobre el fondo de la orden ejecutiva, sino sobre el alcance de las medidas cautelares dictadas por tribunales inferiores que habían paralizado temporalmente su implementación.
“Los tribunales no ejercen supervisión general del poder ejecutivo”, escribió la jueza Amy Coney Barrett, al explicar que los bloqueos nacionales exceden la jurisdicción de los jueces federales, quienes habían frenado la orden de Trump desde tribunales en Maryland, Washington y Massachusetts.
¿Qué implica este fallo?
La orden firmada por Trump el 20 de enero, día en que inició su segundo mandato, busca negar la ciudadanía a hijos nacidos en EE.UU. de padres indocumentados o con visas temporales, una medida que podría impactar a más de 255,000 bebés cada año, según el Migration Policy Institute.
Aunque la orden no entra en vigor de inmediato su aplicación se retrasa 30 días tras el fallo, la Corte abrió la puerta a su eventual ejecución, lo que genera preocupación entre defensores de derechos humanos y expertos constitucionales.
Las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson rechazaron con fuerza el fallo. Sotomayor calificó la decisión como una renuncia de la Corte a su papel vital en la defensa del Estado de derecho, mientras que Jackson advirtió que esto representa una amenaza existencial para la democracia.
El regreso de la política migratoria de mano dura
Limitar la ciudadanía por nacimiento fue una de las promesas de campaña de Trump, quien desde su regreso al poder ha impulsado una agenda migratoria aún más restrictiva.
Con esta victoria judicial, se allana el camino para medidas más agresivas, pese a que el derecho a la ciudadanía está consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución.
La decisión también tiene implicaciones a largo plazo para cómo los tribunales pueden controlar los excesos del Ejecutivo, lo que podría marcar un antes y un después en la forma en que se debaten y detienen las políticas presidenciales en EE.UU.
