La diputada Merary Díaz presentó este lunes ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca ampliar la oferta de espacios de estacionamiento y contribuir a reducir la ocupación de calles, aceras y otros sitios públicos en el Distrito Central.
Díaz, legisladora nacionalista por Francisco Morazán, presentó ante el pleno el proyecto de Ley de Incentivos Fiscales para la Construcción y Operación de Estacionamientos Públicos en el Distrito Central.
La iniciativa señala que la insuficiencia de estacionamientos públicos en Tegucigalpa y Comayagüela genera ocupación indebida de espacios públicos, congestión vehicular y mayores riesgos para peatones y conductores, especialmente en sectores como el Centro Histórico, hospitales, universidades, centros educativos, mercados, oficinas públicas y zonas comerciales.
Incentivo para nuevos estacionamientos
El proyecto contempla un incentivo fiscal equivalente al 25 % del Impuesto Sobre la Renta determinado sobre la renta neta gravable proveniente exclusivamente de la operación del estacionamiento.
El beneficio tendría una duración de 10 períodos fiscales consecutivos y, en el caso de ampliaciones, se aplicaría únicamente a los nuevos espacios incorporados.
Podrían acogerse al régimen los nuevos edificios destinados a estacionamiento público, estacionamientos subterráneos, ampliaciones de estructuras existentes, rehabilitación o reconversión de inmuebles abandonados o subutilizados, proyectos de uso mixto y estacionamientos automatizados.
Zonas y capacidad mínima
La propuesta establece como zonas prioritarias el Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela, sectores cercanos a hospitales, clínicas, universidades y centros educativos, así como inmediaciones de mercados, terminales de transporte, estadios, oficinas públicas, distritos comerciales y corredores viales con alta congestión.
Los proyectos deberán incorporar al menos 50 nuevos espacios de estacionamiento, que en el Centro Histórico sería un mínimo de 30, tomando en cuenta las condiciones de disponibilidad de suelo y protección patrimonial.
Requisitos y supervisión
Para acceder y conservar el beneficio, los proyectos deberán contar con certificación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, cumplir las normas urbanísticas, ambientales, de seguridad, accesibilidad y protección patrimonial, y destinar como mínimo el 90 % de los espacios certificados al servicio efectivo del público general.
Además, la iniciativa establece que los estacionamientos deberán contar con iluminación, cámaras de seguridad, señalización, rutas de evacuación, espacios accesibles para personas con discapacidad y áreas seguras para bicicletas y motocicletas.
Los nuevos edificios deberán incorporar también al menos dos espacios con equipos de carga para vehículos eléctricos.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central tendría a su cargo la certificación urbanística, mientras que la Secretaría de Finanzas y el Servicio de Administración de Rentas administrarían y fiscalizarían la aplicación del beneficio tributario.
La propuesta también contempla mecanismos de supervisión, registro público de los proyectos beneficiarios, evaluación anual de resultados y recuperación de los impuestos dejados de pagar en caso de falsedad, simulación, incumplimiento o aplicación indebida del incentivo.
La iniciativa presentada ante la Cámara Legislativa establece que las certificaciones preliminares podrán solicitarse durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la ley, mientras que los proyectos incorporados conservarían el incentivo durante los 10 períodos fiscales establecidos, siempre que mantengan las condiciones exigidas.
