El Congreso Nacional concretó la destitución de cuatro funcionarios electorales en el marco del segundo juicio político realizado en Honduras desde la entrada en vigencia de esta figura legal.
La decisión alcanzó al consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, así como al magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y a los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.
La resolución fue adoptada durante una extensa sesión legislativa celebrada el jueves 16 de abril de 2026, en medio de un ambiente de alta tensión política.
Dos votaciones y 88 votos a favor
El proceso incluyó dos votaciones diferenciadas: una para los funcionarios que no acudieron a la citación del Congreso y otra para el magistrado Mario Morazán, quien sí compareció ante el pleno.
En ambos casos, las decisiones fueron aprobadas con 88 votos, superando el mínimo requerido por la Ley Especial de Juicio Político.
La votación se realizó luego de que el pleno conociera el informe final presentado por la Comisión Especial de Juicio Político, presidida por la diputada Tania Pinto, y tras escuchar la intervención de Morazán.
Respaldo constitucional, según Zambrano
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió el proceso asegurando que el juicio político se desarrolló conforme a lo establecido en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 34, así como en la ley especial que regula este mecanismo.
Protestas y abandono del hemiciclo
Durante la sesión, se registraron momentos de tensión cuando la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) abandonó el hemiciclo legislativo en señal de protesta.
Los diputados oficialistas se retiraron mientras se daba lectura a los testimonios incluidos en el informe, tras protagonizar una jornada con pancartas, silbatos, consignas y gritos dentro del Congreso.
Denuncias por proceso electoral 2025
La solicitud de juicio político fue presentada el 9 de abril por varios diputados, quienes argumentaron que los funcionarios incurrieron en ilegalidades y acciones que habrían entorpecido el proceso electoral de 2025.
Entre los señalamientos se incluyen supuestas irregularidades en el desarrollo de las elecciones primarias del 9 de marzo y las generales programadas para el 30 de noviembre.
Con esta decisión, el Congreso Nacional marca un precedente en la aplicación del juicio político en el país, en medio de un contexto de fuerte polarización política y cuestionamientos sobre el sistema electoral.
