Tegucigalpa.- El Congreso Nacional aprobó este miércoles un dictamen que reforma varios artículos de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor, con el propósito fundamental de ampliar los mecanismos de atención, fortalecer la protección social y crear nuevas medidas orientadas a mejorar de manera significativa la calidad de vida de las personas de la tercera y cuarta edad en el país.
La ambiciosa reforma moderniza la legislación vigente al incorporar acciones estratégicas enfocadas en la prevención, la atención médica especializada, la inclusión social y laboral, así como en el fortalecimiento institucional de la Dirección General del Adulto Mayor (Digam), dependencia encargada de coordinar las políticas públicas dirigidas a este sector prioritario de la población hondureña.
Entre los principales cambios aprobados destaca la incorporación del enfoque de envejecimiento activo, el cual promueve una mejor calidad de vida a través de pilares fundamentales:
- Acceso garantizado a la salud integral y preventiva.
- Participación comunitaria activa, recreación y actividad física constante.
- Estímulo al desarrollo cultural y pleno de las personas adultas mayores.
La normativa establece que el programa de atención integral deberá incluir chequeos médicos preventivos gratuitos cada año, programas para la detección temprana de enfermedades crónicas, atención domiciliaria especializada para quienes presenten movilidad limitada y seguimiento prioritario a los padecimientos más frecuentes. Asimismo, ordena impulsar planes específicos orientados a prevenir el abandono, el maltrato y la exclusión social mediante la creación de redes de acompañamiento coordinadas estrechamente con las municipalidades del país.
En el ámbito financiero y de asistencia social, el dictamen incorpora la creación de la Pensión Social No Contributiva, un beneficio económico dirigido directamente a personas adultas mayores que subsisten en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o carecen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas sin estar protegidas por sistemas de previsión social. Adicionalmente, el decreto fomenta la inserción laboral mediante incentivos fiscales para empleadores que contraten a mayores de 60 años, prohibiendo categóricamente la discriminación por edad, y otorga un nuevo beneficio económico consistente en un descuento del 50 por ciento en la matrícula vehicular anual de un automotor registrado a nombre del beneficiario, jubilado o pensionado.
Finalmente, la reforma fortalece a la Dirección General del Adulto Mayor (Digam) al otorgarle independencia administrativa, técnica y financiera bajo la tutela de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), actualizando la integración de su junta directiva para incorporar a la Secretaría de Derechos Humanos. De igual manera, se estipula de forma rigurosa que todos los recursos públicos destinados a estos programas de asistencia social quedarán sujetos a estrictos mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y auditoría pública, cuya implementación presupuestaria comenzará a regir a partir del ejercicio fiscal del año 2027.
