Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público logró una nueva condena relacionada con el secuestro de un profesional de la salud ocurrido en septiembre de 2024, un caso que conmocionó por la millonaria suma que los responsables exigían a cambio de la liberación de la víctima.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), a través de la Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales, informó que Carlos Alberto Castillo aceptó su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado por el delito de secuestro agravado, convirtiéndose en el cuarto condenado dentro de este proceso judicial.
Cuatro personas ya han sido sentenciadas
Con esta resolución, las autoridades suman cuatro condenas por este caso. Previamente, en abril de 2026 fue sentenciada Aneth Anahí Trochez, mientras que en junio de 2025 también aceptaron su responsabilidad Lucía Yanora Núñez Núñez y María Teresa Castillo, quienes deberán cumplir sus respectivas penas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, todos los implicados participaron en la planificación y ejecución del secuestro del enfermero.
Así ocurrió el secuestro
Las investigaciones establecen que el 8 de septiembre de 2024 una de las ahora condenadas citó al profesional de la salud en la Gran Terminal Metropolitana de San Pedro Sula, donde posteriormente fue obligado a subir a un vehículo.
La víctima fue trasladada hasta una vivienda ubicada en la colonia Concepción, en el municipio de Choloma, Cortés, donde permaneció privada de su libertad mientras los secuestradores contactaban a sus familiares.
Durante las llamadas, los responsables exigieron inicialmente 30 millones de lempiras para liberar al enfermero.
La familia realizó un pago
Ante la desesperación, los familiares negociaron con los secuestradores y acordaron entregar 148,800 lempiras, dinero que fue depositado; sin embargo, pese al pago, los delincuentes incumplieron su promesa y mantuvieron cautiva a la víctima.
Tras conocerse el caso, fiscales especializados y agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron una operación para localizar al enfermero.
