Tegucigalpa, Honduras – La empresa privada de Honduras instó este lunes al Gobierno de Xiomara Castro a reconsiderar la decisión de dar por terminado el tratado bilateral de extradición con Estados Unidos, mientras solicita un “plan claro” frente a la anunciada deportación masiva de hondureños que emprenderá el presidente electo de EE.UU., Donald Trump.
Preocupación por la lucha contra el narcotráfico
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), principal cúpula patronal del país, señaló que la decisión de eliminar el tratado de extradición con EE.UU. afecta directamente los esfuerzos contra el narcotráfico.
“La eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos ha afectado seriamente la lucha contra el narcotráfico. Como país aún estamos a tiempo de revertir tal decisión”, subrayó el Cohep en un comunicado.
El Gobierno hondureño notificó oficialmente la decisión de finalizar el tratado el 28 de agosto de 2024, en un contexto de tensiones diplomáticas con la embajadora estadounidense, Laura Dogu, quien previamente había criticado la colaboración de Honduras con funcionarios sancionados de Venezuela.
Plan para hondureños deportados
Ante el anuncio del presidente electo Donald Trump de deportar masivamente a inmigrantes ilegales a partir del 20 de enero de 2025, el Cohep urgió al Gobierno a presentar un plan estructurado para mitigar el impacto.
“Si esta medida se materializa en 2025, el impacto sobre las comunidades y las instituciones hondureñas podría ser profundo, especialmente ante la falta de oportunidades laborales y de inclusión para los compatriotas retornados”, advirtió el sector privado.
Actualmente, se estima que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales 280,000 están en lista de deportación, según las autoridades de Tegucigalpa.
Avances pendientes en la lucha anticorrupción
El Cohep también destacó la urgencia de avanzar en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih), un compromiso asumido por la presidenta Castro en su campaña y apoyado por Naciones Unidas.
La llegada de la Cicih, que aún enfrenta obstáculos legales y políticos, es vista como un paso clave para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones del país.
El Parlamento hondureño tiene pendiente la aprobación de leyes y la derogación de pactos de impunidad que frenan la lucha anticorrupción, según el Cohep.
Además, el memorándum de entendimiento firmado con la ONU en 2022 ha sido ampliado en múltiples ocasiones sin llegar a un acuerdo final para la implementación del mecanismo.
