Tegucigalpa, Honduras — El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló este jueves un nuevo caso de corrupción que compromete a altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, señalando irregularidades en contrataciones por un total de 13,710,250.73 lempiras, ejecutadas entre los años 2022 y 2024.
El informe, titulado “La sangre llama… y contrata”, detalla la existencia de un esquema de nepotismo y favoritismo en los procesos de compra de bienes y servicios, a través del cual se benefició a empresas relacionadas por lazos familiares con los propios funcionarios encargados de adjudicar los contratos.
Funcionarios implicados favorecieron a familiares
De acuerdo con el CNA, el gerente administrativo Jackeline Lizzette Pinto y el subgerente de recursos materiales y servicios generales Fredis Naúl López Escober, son los principales implicados en este caso. Ambos habrían utilizado sus cargos para direccionar compras a favor de empresas donde sus familiares son socios o propietarios.
En el caso de Fredis López, el CNA identificó vínculos directos con al menos cinco empresas adjudicadas por la Secretaría, cuyos socios eran su esposa, hermanos, hija, yerno y sobrinas. Además, se comprobó que participó en los comités de compras menores encargados de asignar dichos contratos, violando claramente los principios de imparcialidad y transparencia.
Por su parte, Jackeline Pinto habría facilitado contratos a dos empresas vinculadas con su esposo, cuñada y yerno, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, según señaló el organismo anticorrupción.
Posibles delitos y recomendaciones
El CNA asegura que los hallazgos configuran la comisión de delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos, por lo que ha solicitado a las autoridades competentes que se investigue penalmente a los involucrados y se determinen las responsabilidades correspondientes.
“El uso de la función pública para beneficiar a parientes no solo rompe el principio de legalidad, sino que constituye un acto de corrupción que debe ser castigado”, enfatizó el CNA durante la presentación del informe.
