Tegucigalpa, Honduras. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó al exsubgerente del Fondo Vial, José Efraín Peñalva Lizardo, acusado por su presunta participación en los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
La aprehensión se deriva de un requerimiento fiscal presentado el pasado 28 de abril por la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO).
La acusación forma parte de un proceso penal en el que figuran al menos 12 personas, entre ellas exfuncionarios y representantes legales de empresas privadas, señalados de defraudar al Estado hondureño por más de 34 millones de lempiras.
Entre los implicados están el exdirector de Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano, y el narcotraficante confeso Devis Leonel Rivera Maradiaga, alias Cachiro, actualmente condenado en Estados Unidos.
Contratos irregulares y pagos ilegales
Según la investigación, los funcionarios del Fondo Vial adjudicaron de manera fraudulenta contratos a las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR), propiedad de Los Cachiros, y Empresa Técnica de Ingeniería S.A. de C.V. (TECNISA). Los convenios eran supuestamente para el mantenimiento de la red vial no pavimentada en varios sectores del departamento de Colón.
Entre las irregularidades detectadas figuran falsificación de firmas durante los procesos de licitación, sobrevaloración de costos, pagos sin justificación, uso de materiales deficientes y una falta total de supervisión técnica, sin que se tomaran medidas correctivas.
Además, una pericia de extracción de información realizada por el Ministerio Público reveló que Edgardo Pérez Martínez, representante legal de INRIMAR, gestionó pagos irregulares y bonos destinados a funcionarios públicos. Entre los beneficiarios figura una actual diputada suplente del Congreso Nacional, quien presuntamente facilitó procesos de adjudicación a cambio de favores económicos.
UFERCO sigue el rastro del dinero
La UFERCO sigue recopilando pruebas para profundizar en el vínculo entre funcionarios públicos y las redes criminales que utilizaron el aparato estatal para obtener contratos y lavar dinero. Las autoridades no descartan nuevas órdenes de captura contra otros exfuncionarios y empresarios involucrados.
