La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández cuestiona uno de los principales señalamientos contenidos en el requerimiento fiscal del caso Pandora II: la presunta utilización de más de 288 millones de lempiras desviados del Estado para financiar actividades relacionadas con la campaña del exmandatario.
El abogado defensor Félix Ávila sostuvo que el Ministerio Público tendrá que demostrar ante el juez que Hernández tuvo participación en la estructura de corrupción que, según la acusación, habría operado entre 2010 y 2013 con la intervención de funcionarios vinculados al Congreso Nacional, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Durante su participación en el podcast 2 Que 3, conducido por el periodista Dennis Andino, Ávila fue consultado sobre el señalamiento de la Fiscalía y aseguró que la defensa rechazará que Hernández haya formado parte de esa estructura.
El abogado insistió en que no corresponde al acusado demostrar que los hechos no ocurrieron, sino que es el Ministerio Público quien tiene la responsabilidad de acreditar ante el juez las acusaciones que formuló.
Defensa pone el foco en la vinculación de JOH
Para Ávila, uno de los puntos que tendrá mayor peso durante la audiencia será determinar si las pruebas de la Fiscalía permiten establecer una conexión concreta entre Hernández y los recursos que, según el requerimiento, fueron desviados.
El defensor reconoció que el expediente fiscal contiene una investigación extensa y numerosos elementos recopilados durante varios años, pero sostuvo que el volumen de información no garantiza que exista responsabilidad penal.
Según su planteamiento, el juez deberá analizar no solamente qué ocurrió con los fondos investigados, sino qué relación tuvo específicamente Hernández con esos hechos.
La defensa pretende demostrar que esa conexión no está sustentada de manera suficiente en los elementos que serán presentados por el Ministerio Público.
Ávila explicó que la defensa también cuenta con argumentos y elementos para contradecir la versión fiscal, aunque evitó revelar detalles de la estrategia que será planteada directamente ante el juez.
Abogado recuerda lo ocurrido en Pandora I
El defensor también recurrió a su experiencia en el primer caso Pandora para explicar el escenario que, a su criterio, podría presentarse nuevamente.
Ávila recordó que participó en la defensa de algunos de los acusados en Pandora I y señaló que en ese proceso hubo inicialmente cuestionamientos sobre la existencia de determinados delitos.
Posteriormente, según explicó, una Corte de Apelaciones concluyó que, pese a que pudieron existir actuaciones administrativas cuestionables dentro del manejo de presupuestos estatales, no se había demostrado que los acusados hubieran cometido los delitos que se les atribuían.
Para el abogado, ese antecedente adquiere relevancia porque Pandora II surge de hechos relacionados con aquella investigación.
Sin embargo, aclaró que la defensa de Hernández no pretende que el juez resuelva el nuevo proceso únicamente tomando como referencia las decisiones adoptadas anteriormente.
La tesis de la defensa, explicó, deberá sostenerse a partir del análisis de las pruebas que presente la Fiscalía y de los argumentos que permitan cuestionar la vinculación de Hernández con los hechos.
La defensa también cuestiona el delito de lavado
Además del fraude, Hernández enfrenta una acusación por lavado de activos, delito que, según Ávila, requiere que el Ministerio Público demuestre concretamente la relación del imputado con los recursos considerados de procedencia ilícita.
El abogado sostuvo que este delito fue imputado específicamente al expresidente y afirmó que la defensa considera que la Fiscalía tendrá dificultades para acreditar que Hernández recibió, administró o se benefició directamente de los fondos que forman parte de la investigación.
Ávila señaló que la discusión no debe centrarse únicamente en demostrar que hubo movimientos irregulares de dinero, sino en establecer quién participó en ellos y cuál fue el papel concreto de cada persona señalada.
“La cantidad de pruebas” no garantiza una acusación
Uno de los argumentos centrales de la defensa es que un expediente voluminoso no equivale necesariamente a una acusación sólida.
Ávila explicó que el Ministerio Público puede presentar investigaciones de años, documentos, informes y diferentes elementos probatorios, pero estos deben tener una relación clara con los hechos atribuidos y, sobre todo, con la persona que está siendo procesada.
Para el abogado, la valoración judicial debe centrarse en la calidad y pertinencia de esos elementos, así como en la posibilidad de establecer una vinculación directa con Hernández.
“Si no hay una vinculación así directa del imputado con esos hechos, el Ministerio Público no puede ganar”, sostuvo.
La defensa considera que esta será una de las principales discusiones durante la audiencia: determinar si los elementos recopilados por la Fiscalía permiten pasar de un señalamiento general sobre una presunta estructura de corrupción a una vinculación concreta del expresidente con los delitos que se le imputan.
Proceso apenas comienza
Ávila también recordó que la audiencia inicial representa una etapa temprana del proceso penal y que una eventual decisión judicial en esta fase no equivale por sí misma a una declaración de culpabilidad.
El juez deberá valorar los elementos presentados y determinar si existen indicios suficientes para que el expediente continúe avanzando o si corresponde adoptar otra resolución conforme a la legislación.
Mientras la Fiscalía buscará sustentar su acusación sobre la presunta red de corrupción y el destino de los fondos investigados, la defensa intentará demostrar que no existe evidencia suficiente que conecte directamente a Hernández con esos hechos.
El desenlace de esta etapa dependerá de la valoración que realice el juez sobre las pruebas y argumentos que sean presentados por ambas partes.
