Tegucigalpa, Honduras. La audiencia de declaración de imputado contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández fue reprogramada luego de que su equipo legal solicitara un cambio de fecha por coincidir con otra diligencia judicial.
El exjefe del Estado Mayor Conjunto debía comparecer este viernes a las 10:30 de la mañana ante los Juzgados de Letras de lo Penal; sin embargo, el tribunal aceptó la petición presentada por sus abogados y fijará una nueva fecha para la diligencia.
Defensa alegó otra diligencia judicial
De acuerdo con la información conocida, la defensa acreditó que sus representantes tenían programada otra actuación judicial a la misma hora de la audiencia, motivo por el cual solicitaron el aplazamiento.
Tras analizar la petición, el juez resolvió reprogramar la comparecencia, aunque por ahora no se ha informado cuándo será la nueva fecha.
Juez rechazó recurso de la defensa
Antes de resolver la reprogramación, el juzgado también notificó la denegatoria de un recurso de reposición presentado por la defensa de Roosevelt Hernández.
Con esa acción, los abogados buscaban revertir la decisión mediante la cual el juez admitió el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público.
No obstante, el recurso fue declarado sin lugar, por lo que el proceso judicial continuará su curso.
Ministerio Público acusa al exjefe militar
El requerimiento fiscal señala a Roosevelt Hernández por presuntos hechos relacionados con ataques a la libertad de prensa.
Según la acusación, entre 2025 y 2026 se difundieron publicaciones en un medio digital vinculado a las Fuerzas Armadas que, de acuerdo con denuncias presentadas por periodistas y organizaciones gremiales, formaban parte de una campaña de desprestigio contra comunicadores.
Las denuncias sostienen que en esos contenidos se señalaba a periodistas de mantener supuestos pactos irregulares.
¿Qué ocurrirá en la audiencia?
La audiencia de declaración de imputado constituye una de las primeras etapas del proceso penal.
Durante esta diligencia, el juez informa al acusado sobre los hechos que le atribuye el Ministerio Público y los delitos por los cuales es investigado, además de garantizarle el ejercicio de su derecho a la defensa.
