En declaraciones para medios nacionales, Castillo Lemus aseguró que la Policía Nacional está comprometida en asegurar que las estructuras criminales no gobiernen dentro de los centros penitenciarios del país, y que por ello se han venido originando estos conflictos.
“Es una respuesta de las estructuras criminales como consecuencia de las recientes medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en contra de estas estructuras”, apuntó el director del INP.
“El Estado está decidido a no permitir que estas organizaciones criminales sigan controlando las instituciones, por eso la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional están comprometidas con todas estas medidas y con la cero tolerancia enfocados en combatir la delincuencia”, agregó el funcionario policial.
Cabe resaltar que, recientemente, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, instruyó quitar el control de las cárceles del país a las Fuerzas Armadas y dárselo a la Policía Nacional.
Además, entre las medidas que se pretenden aplicar están la construcción de dos cárceles aisladas: una en las Islas del Cisne, en el Caribe de Honduras, y otra en la selva de Patuca, en el departamento de Olancho.
Asimismo, enviar reos de máxima peligrosidad a los batallones.
Reyertas
Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas en los amotinamientos y tiroteos simultáneos, presuntamente entre miembros de la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS-13, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Los hechos se registraron en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara (occidente), llamada “El Pozo I“; así como la de Morocelí, en El Paraíso (oriente), conocida como “La Tolva“.
Y dos cercanas a Tegucigalpa, la capital de Honduras, la de El Porvenir, a la que se le denomina “El Pozo II” y en el Centro Penitenciario de Támara, respectivamente.
Las autoridades del INP, junto a la Policía Nacional, lograron “establecer el orden” en los cuatros centros penitenciarios, según informaron autoridades.
