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Sindicato del INM denuncia más de 500 despidos y señala casos de embarazadas

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) denunció el despido de más de 500 empleados durante los últimos días y aseguró que las medidas también habrían alcanzado a trabajadores que, según la organización, cuentan con protecciones laborales especiales.


Entre los afectados habría mujeres embarazadas o en períodos prenatal y postnatal, personas con discapacidad y empleados amparados por fuero sindical, afirmó Wilmer Valladares, presidente del sindicato.


El dirigente sostuvo que existe preocupación entre el personal debido no solo a las separaciones, sino también a supuestas medidas de presión y traslados que, a criterio de la organización, estarían provocando que algunos empleados terminen renunciando.


Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada por el sindicato, las autoridades del Instituto Nacional de Migración no han emitido públicamente su versión sobre estos señalamientos.

Sindicato asegura que hay embarazadas entre empleados despedidos


Valladares cuestionó que las decisiones administrativas hayan alcanzado, según su denuncia, a trabajadoras embarazadas y a mujeres que se encuentran en períodos vinculados con la maternidad.


“Tenemos compañeras despedidas en estado de embarazo, en postnatal y prenatal, que están siendo vulneradas al ser despedidas”, manifestó.


El sindicato considera que las autoridades deben revisar individualmente estos casos y determinar si las separaciones cumplen con las garantías establecidas en la legislación laboral hondureña.


Además, Valladares sostuvo que la situación también afecta a empleados que presentan diferentes condiciones de discapacidad y que cuentan con documentación para acreditarlas.


Denuncian despidos de trabajadores con discapacidad


El presidente sindical aseguró que algunos trabajadores separados de sus cargos cuentan con documentación emitida por instituciones estatales para acreditar su condición.


Como ejemplo, mencionó a un empleado con discapacidad auditiva que, según su relato, fue despedido inicialmente, posteriormente reintegrado a sus funciones y después separado nuevamente.


También expuso el caso de Jennifer Castellanos, quien habría presentado documentación relacionada con una discapacidad en una de sus rodillas.


Valladares aseguró que inicialmente se cuestionó la vigencia del carnet que la trabajadora poseía de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).


Ante esa situación, afirmó que el sindicato gestionó una constancia ante el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para respaldar la condición de la empleada.


Pese a ello, según la versión sindical, Castellanos terminó siendo despedida.


¿Traslados buscan provocar renuncias en Migración?


Otra de las denuncias está relacionada con trabajadores que cuentan con fuero sindical y que presuntamente han sido trasladados hacia otros puntos del país.


Valladares afirmó que algunos empleados deben asumir de su propio bolsillo gastos derivados de esos cambios porque, según aseguró, no reciben viáticos ni disponen de condiciones para alojamiento.


A criterio del sindicato, estas decisiones podrían utilizarse como un mecanismo de presión.


“Lo que están haciendo es obligar a los compañeros a renunciar”, denunció Valladares.El dirigente insistió en que los trabajadores tienen derechos que deben ser respetados independientemente de las decisiones administrativas que adopte la institución.


Sindicato pide reunión con autoridades del INM
Ante la controversia, Valladares solicitó al director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración abrir un espacio de diálogo con los representantes de los trabajadores.


El sindicato pretende acudir a una eventual reunión acompañado por su representante legal y miembros de la Confederación Unitaria de Trabajadores.


La organización busca que las autoridades revisen los despidos denunciados, especialmente aquellos relacionados con empleados que, según el sindicato, se encuentran bajo condiciones de protección especial.


También reclama respuestas sobre los traslados y otras decisiones administrativas que han generado inconformidad entre el personal.

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