Tela.- Miembros del pueblo garífuna protagonizaron este miércoles una toma en la carretera CA-13, a la altura del municipio de Tela, en el departamento de Atlántida, con el objetivo de elevar su voz ante lo que consideran una violación sistemática de sus derechos. La movilización, que interrumpió el flujo vehicular en la zona, responde a la urgencia de exigir el cese inmediato de los procesos judiciales contra integrantes de sus comunidades, a quienes las autoridades buscan procesar bajo cargos de criminalidad organizada.
La lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, denunció durante la jornada que el traslado del juicio contra cuatro de sus compañeros a los Juzgados de Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula es una medida ilegal. Según la dirigencia, este traslado pretende equiparar la defensa de tierras ancestrales con actos de terrorismo, ignorando deliberadamente que dichas comunidades ya cuentan con sentencias condenatorias previas contra el Estado de Honduras que reconocen su propiedad sobre el territorio en disputa.
El movimiento social hondureño, representado en el lugar por diversas figuras, entre ellas el padre Ismael Moreno, manifestó su respaldo absoluto a la causa garífuna, calificándola como un acto legítimo de resistencia ante el despojo. Los manifestantes aclararon con firmeza que el tramo carretero donde se lleva a cabo la protesta se asienta sobre terrenos ancestrales, los cuales fueron cedidos voluntariamente por la comunidad para facilitar el tránsito público, refutando así cualquier acusación de invasión por parte de los afectados.
Los líderes comunitarios enfatizaron que el desconocimiento de las leyes nacionales e internacionales por parte de los operadores de justicia ha generado un clima de inseguridad jurídica y persecución constante hacia su pueblo. En este sentido, señalaron que la criminalización de sus defensores no solo atenta contra individuos específicos, sino que pone en peligro la supervivencia misma de su cultura, tradiciones y la estructura social que ha definido la identidad garífuna durante generaciones.
Finalmente, los participantes de la protesta advirtieron que mantendrán sus medidas de presión en la CA-13 hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades competentes. La exigencia principal permanece inalterable: la clausura inmediata del proceso judicial contra los implicados y el respeto irrestricto a los títulos de propiedad ancestral, reiterando que la lucha por su territorio es un derecho humano fundamental que no cesará ante las presiones estatales.
