El Gobierno de Honduras aprobó el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen y la ampliación por seis meses más del estado de excepción para frenar la violencia criminal y otros delitos como la extorsión.
El Plan Nacional y la ampliación del estado de excepción, vigente desde el pasado 20 de febrero, fueron aprobados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que encabeza la presidenta hondureña, Xiomara Castro, según un comunicado divulgado por el Ejecutivo hondureño.
El documento aprobado durante la reunión fue construido en base a nueve puntos, los cuales estarán en vigencia durante los próximos seis meses posteriores a su aprobación.
Dentro de las nueve medidas que seguirán las diferentes secretarías e instituciones para el combate a la delincuencia figuraron: la extensión del estado de excepción a los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso, Gracias a Dios, Atlántida, Yoro y Copán.
Además, durante los próximos 30 días posteriores a la reunión del CNDS se instruyó al gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), José Morales, a proceder con la reactivación de las más de 3,500 cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911.
“En un plazo de 30 días las 3,500 cámaras estarán activadas y listas para brindar nuevamente el servicio de seguridad nacional para el pueblo hondureño”, expresó Morales.
Así como también, Hondutel deberá participar como un ente regulador y garante a que se dé cumplimiento con la regulación de venta de “sim card”, el cual de ahora en adelante deberá ser adquirido únicamente con una identificación, donde además se sancionará a empresas que incumplan con la medida.
La mandataria ordenó a los altos mandos de la Policía Nacional y al titular del Ministerio Público (MP), Óscar Chinchilla, proceder a la reactivación del protocolo policial para solventar las tomas de carreteras y vías nacionales. A fin de poner ante la orden de la justicia a los responsables de participar y proceder a obstaculizar las mismas.
De igual forma, se instruyó a las Fuerzas Armadas de Honduras para colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como centros de reclusión de emergencia para el cumplimiento de este plan de acuerdo con los estándares internacionales aplicables.
Sobre la inhabilitación de las cámaras de seguridad, el inicio de la problemática tuvo lugar en septiembre del año 2022 cuando el Sistema de Emergencia 911 notificó a través de un comunicado que al no lograr un acuerdo con el integrador se sufrió una interrupción en el servicio de cámaras de vigilancia.
Mediante un comunicado, el 911 explicó que el integrador no aceptó la propuesta de una nueva negociación del contrato con el fin de reducir los elevados costos establecidos.
Se informó que la inversión inicial fue de más de 100 millones de dólares del bolsillo del pueblo hondureño.
En el escrito la dependencia estatal acusó que el gobierno anterior se dejó suscrito un nuevo contrato por 150 millones de dólares, pero que presenta vicios de nulidad, un cobro mensual de 1.8 millones de dólares por el soporte y el mantenimiento de la red que es rentada a un servidor primario.
La Policía Nacional considera el sistema de vigilancia del Sistema de Emergencia 911 como una herramienta vital en el combate al crimen organizado y la investigación de casos.
