Estados Unidos.- La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos emitió un fallo trascendental a favor del Gobierno de Donald Trump, al dictaminar que los tribunales federales carecen de competencia jurídica para revisar las decisiones del Ejecutivo sobre la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta determinación judicial despeja el camino legal para que la administración estadounidense continúe con sus planes de revocar este beneficio humanitario, dejando a más de un millón de personas, entre ellas miles de hondureños, en riesgo inminente de perder sus permisos de trabajo y enfrentar procesos de deportación masiva.
El fallo representa un duro golpe para las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, las cuales habían logrado frenar temporalmente las cancelaciones en cortes de menor instancia. Con esta resolución, se prevé el desestimamiento definitivo de las demandas vigentes, lo que juristas internacionales catalogan como el mayor evento de privación de estatus legal en la historia contemporánea de la nación norteamericana.
Países afectados, argumentos de los magistrados y pérdida de protecciones
La decisión mayoritaria del tribunal derriba las barreras legales que protegían a los beneficiarios de trece naciones del mundo:
- Naciones afectadas: La administración busca cancelar el beneficio para ciudadanos de Haití, Siria, Venezuela, Honduras, Afganistán, Nepal, Camerún, Myanmar, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Nicaragua.
- Opinión mayoritaria: El magistrado Samuel Alito, redactor del voto de la mayoría, sostuvo firmemente que el texto de la ley que rige el TPS prohíbe de manera clara la revisión judicial sobre las decisiones de designación que tome el secretario de Seguridad Nacional.
- Criterio racial descartado: El tribunal desestimó la demanda basada en la cláusula de igualdad de protección, argumentando que las declaraciones de Trump durante su campaña expresaban posturas políticas y no animosidad racial abierta.
- Consecuencias inmediatas: Los amparados bajo las designaciones que el Gobierno estadounidense ha intentado revocar perderán de forma progresiva sus amparos de permanencia y sus autorizaciones de empleo legal.
Organizaciones de derechos humanos advierten sobre crisis humanitaria
El equipo legal que representó a los demandantes y diversos profesores de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) expresaron su profunda preocupación tras conocerse el veredicto de la máxima corte. Abogados defensores advirtieron a través de comunicados oficiales que la suspensión del TPS obligará a miles de familias trabajadoras a retornar a entornos marcados por la violencia y la inestabilidad social en sus países de origen. Los activistas recalcaron que la medida rompe el principio de asilo y protección solidaria, poniendo en riesgo la integridad física de los beneficiarios que llevaban años residiendo de manera pacífica, pagando impuestos y contribuyendo significativamente a la dinámica económica de los Estados Unidos.
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