Tegucigalpa.- El máximo jerarca de las Fuerzas Armadas, el general Héctor Benjamín Valerio Ardón, anunció que la institución mantiene una política de “puertas abiertas” ante las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre las irregularidades en las pasadas elecciones. Valerio confirmó que varios oficiales ya han sido citados para comparecer en calidad de testigos, asegurando que si se identifica a personal que haya incumplido las normas, será puesto a la orden de los tribunales competentes para cerrar definitivamente el caso.
Por su parte, el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, rechazó las acusaciones en contra de su gestión, calificándolas como una “narrativa” falsa que busca confundir a la población.
Defensa de la gestión militar y advertencias previas
Hernández aseguró que la institución actuó con total diligencia y responsabilidad durante el traslado del material electoral, notificando cada paso al Consejo Nacional Electoral (CNE):
- Prevención de riesgos: El exjefe militar afirmó que desde febrero se enviaron recomendaciones formales a las autoridades del CNE para que tomaran en cuenta posibles imprevistos operativos.
- Transparencia en el traslado: Sostuvo que cada movimiento de las maletas electorales fue debidamente documentado y comunicado a las autoridades civiles encargadas del proceso.
- Rechazo a señalamientos: Hernández enfatizó la frase “Fuimos responsables y previmos en eso”, defendiendo que la institución cumplió con su rol constitucional de custodia y transporte.
Colaboración institucional bajo la lupa
La fiscalía intensificó sus investigaciones desde finales del año pasado, solicitando informes técnicos que las Fuerzas Armadas se han comprometido a entregar sin restricciones. El general Valerio Ardón reiteró que la disposición de los mandos militares es total para facilitar que la justicia deduzca las responsabilidades del caso. Mientras tanto, el debate se centra en si las fallas reportadas fueron de carácter logístico, responsabilidad de la custodia militar o si derivaron de decisiones administrativas tomadas por el ente electoral pese a las advertencias previas de los uniformados.
