El Congreso Nacional aprobó en primer debate un paquete de reformas al Código Penal orientadas a endurecer las penas contra el delito de extorsión en Honduras.
La iniciativa continuará su discusión en segundo debate en medio de las acciones impulsadas por el gobierno del presidente Nasry Asfura contra estructuras criminales y hechos delictivos que afectan a distintos sectores del país.
Reformas incluyen cambios al Código Penal y Procesal Penal
El proyecto contempla modificaciones a varios artículos del Código Penal contenidos en el Decreto Legislativo 130-2017, vigente desde enero de 2018.
Asimismo, se proponen reformas al Código Procesal Penal mediante cambios a los artículos 212, 285, 237-A y 237-B del Decreto Legislativo 9-99.
Según lo discutido en el Legislativo, las modificaciones buscan fortalecer los procesos judiciales relacionados con delitos de extorsión y criminalidad organizada.
Buscan aumentar penas en casos agravados
Entre los principales objetivos de las reformas se encuentra el incremento de las penas cuando los responsables utilicen menores de edad o adultos mayores para cometer actos relacionados con la extorsión.
También se plantea endurecer los castigos en casos de reincidencia o cuando las víctimas se vean obligadas a cerrar negocios o empresas debido a amenazas criminales.
Las autoridades consideran que estas acciones permitirán reforzar el combate contra grupos dedicados a este delito.
Consejo de Defensa coordinaría política criminal
El decreto establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tendría la responsabilidad de diseñar y dirigir la política criminal relacionada con asociaciones terroristas y estructuras delictivas vinculadas a la extorsión.
Con ello, se busca mejorar la coordinación entre instituciones encargadas de seguridad, investigación y justicia.
Extorsión sigue afectando a varios sectores
La extorsión continúa siendo uno de los delitos que más impacta a transportistas, comerciantes y emprendedores en Honduras.
En distintos sectores del país, víctimas denuncian amenazas, pérdidas económicas y cierre de negocios debido al accionar de estructuras criminales.
El proyecto de reformas seguirá siendo discutido en las próximas sesiones legislativas.
