San Pedro Sula.- El director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, denunció este jueves el hallazgo de una estructura de corrupción que operaba mediante el nombramiento de “plazas fantasmas”. Según las investigaciones técnicas, se han detectado más de cien nombramientos irregulares, entre los que figuran familiares directos de actuales y excongresistas del partido Libertad y Refundación (Libre).
Hallazgos y parientes identificados
Rodríguez detalló que la investigación permitió identificar a 20 personas con vínculos familiares directos con los diputados Scherly Arriaga, Edgardo Casaña, Ramón Barrios y Rita Zúniga:
- Caso María de la Cruz Gómez: El director señaló específicamente a la madre de la diputada Scherly Arriaga, quien figuraba con un contrato en la gerencia administrativa desde 2024, pero que, según los registros, nunca se presentó a laborar durante los años 2024 y 2025.
- Nombramiento en el Técnico Alemán: Se reportó el caso de un sobrino del diputado Edgardo Casaña, de profesión médico, quien fue nombrado en el Centro Técnico Hondureño Alemán en 2024 y, de acuerdo con la denuncia, jamás tomó posesión de su cargo ni asistió a trabajar.
- Cancelaciones inmediatas: Como primera medida, las autoridades educativas ya han procedido a la cancelación de 39 personas, incluyendo al grupo de 20 familiares mencionados, para detener el drenaje de recursos estatales.
Magnitud de la irregularidad y acciones legales
La auditoría interna en la Departamental de Cortés revela una situación de abandono de funciones masivo que afecta las finanzas de la institución:
- Planillas ficticias: Se identificaron 152 personas que cuentan con nombramientos oficiales pero que nunca se presentaron a trabajar ni entregaron la documentación requerida por temor a las investigaciones en curso.
- Sueldos sin devengar: Según los informes, algunos de estos puestos “fantasmas” percibían salarios de hasta 40,000 lempiras mensuales sin realizar ninguna labor administrativa o docente.
- Llamado a la justicia: Rodríguez instó al Ministerio Público (MP), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a actuar de oficio e investigar estos delitos para que los responsables respondan por el perjuicio económico causado.
Finalmente, el funcionario aseguró que las investigaciones continúan y se espera que el nivel central de la Secretaría de Educación autorice un nuevo grupo de cancelaciones de acuerdos para limpiar la institución de lo que calificó como una “red de tráfico” que atenta contra la transparencia del sistema educativo hondureño.
Mira También:
