Tegucigalpa.- La Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional, presidida por la diputada Tania Pinto, informó que el proceso de investigación sigue su curso legal a pesar de que la mayoría de los funcionarios citados no se presentaron a las audiencias de descargo. Durante una conferencia de prensa, se detalló que solo uno de los cuatro señalados hizo uso de su derecho a la legítima defensa ante la comisión.
Estado de las comparecencias y recursos legales
La presidenta Pinto aclaró la situación de los funcionarios denunciados y el impacto de los recursos presentados ante la justicia:
- Incomparecencia: El consejero del CNE, Marlon Ochoa, así como los magistrados Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, no asistieron a la cita programada en el Salón de Retratos.
- Recursos de Amparo: Los cuatro funcionarios presentaron solicitudes de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la comisión enfatizó que, mientras no exista una orden judicial de suspensión del acto reclamado, el proceso legislativo debe continuar.
- Comparecencia única: El magistrado Mario Morazán fue el único que se presentó a declarar, extendiendo su audiencia para evacuar medios de prueba testifical y presentar sus contraargumentos.
Próximas etapas del proceso
La Comisión Especial ha definido una hoja de ruta estricta para los próximos días, habilitando incluso jornadas en días inhábiles debido al feriado nacional:
- Evacuación de pruebas: Para este martes se tiene programada la citación de testigos y la revisión de pruebas documentales.
- Testigos clave: Se llamará a declarar a personal técnico y administrativo tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
- Plazo del informe: La comisión dispone de hasta 30 días para presentar un informe final ante el pleno del Congreso Nacional, donde se sugerirá si procede la destitución o el archivo de las causas.
La diputada Pinto reiteró que el objetivo de la comisión es determinar la responsabilidad política de los funcionarios por los hechos de incertidumbre generados durante el proceso electoral, dejando cualquier responsabilidad penal en manos del Ministerio Público.
