Tegucigalpa.- El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, fue enfático este viernes al explicar que los retrasos en las acreditaciones de sueldos para el personal del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) obedecen estrictamente a la falta de contratos firmados. El funcionario advirtió que la institución no autorizará ningún desembolso que carezca de sustento jurídico, subrayando que la administración de los recursos públicos debe ser responsable y auditada.
Rigurosidad en el manejo de fondos públicos
Hércules defendió la transparencia en la ejecución presupuestaria, señalando que la falta de documentación legal es el principal obstáculo para procesar los pagos de algunos trabajadores:
- Contratos obligatorios: El ministro puntualizó que el Estado no puede emitir pagos a personas que han laborado bajo la informalidad o sin un respaldo contractual vigente. “Este gobierno no realizará ningún pago sin respaldo legal, la cosa no es piñata”, aseveró de forma tajante.
- Avance en las planillas: A pesar de las trabas administrativas con un grupo minoritario, la Secretaría de Finanzas ya ha hecho efectivos los pagos para el grueso del personal que cumplió con los requisitos. La semana antepasada se inició con 809 personas y recientemente se sumaron más de 900 trabajadores adicionales que sí formalizaron su situación.
- Llamado a la formalidad: El funcionario instó a los empleados restantes a apersonarse a las regionales correspondientes para firmar sus contratos, requisito indispensable para recibir sus salarios de enero y febrero.
Auditoría de planillas y reducción de la masa salarial
Más allá del conflicto inmediato con el PNRP, el secretario de Finanzas reveló que el Gobierno mantiene una vigilancia estricta sobre toda la estructura salarial del Estado:
- Cero tolerancia a planillas fantasmas: Hércules fue claro al manifestar que no se pagará a personas que tengan dualidad de funciones en los mismos horarios o que figuren en planillas sin realizar labores reales.
- Análisis integral: Esta revisión de planillas no se limita a la estatal eléctrica, sino que se extiende a carteras estratégicas como Educación y Salud, con el objetivo de reducir la “hinchazón” del aparato estatal y optimizar el uso de cada lempira.
- Responsabilidad fiscal: La postura de Finanzas busca frenar el incremento desmedido de la masa salarial que, según el funcionario, ha sido manejada con irresponsabilidad en periodos anteriores.
Con estas declaraciones, el Gobierno asienta un precedente sobre el manejo de los recursos públicos, condicionando la paz laboral al cumplimiento de las normativas de contratación y advirtiendo que los controles se agudizarán en todas las dependencias del Ejecutivo.
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