Tegucigalpa.- El diputado del Partido Nacional y miembro de la Comisión Especial, Mario Pérez, reveló este viernes que el proceso de juicio político contra el ahora exfiscal general, Johel Zelaya, contó con una abrumadora disposición de testimonios internos que no pudieron ser evacuados en su totalidad debido a limitaciones de tiempo.
Testimonios en espera y enfoque institucional
Según las declaraciones del parlamentario, la estructura del Ministerio Público mostró una fuerte anuencia a colaborar con las investigaciones de la comisión:
- Voces del Ministerio Público: Pérez detalló que recibieron más de 50 ofrecimientos de fiscales de diversas ciudades del país que estaban dispuestos a declarar sobre irregularidades bajo la gestión de Zelaya. Sin embargo, por razones de agenda legislativa, estas comparecencias no fueron recibidas.
- Independencia electoral: El diputado enfatizó la necesidad de una fiscalía técnica y alejada de la política partidaria. “Queremos un Ministerio Público que no ande metiendo las narices en los temas electorales”, señaló, en clara alusión a las recientes controversias que involucran al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Señalamientos hacia la cúpula política
Para el congresista nacionalista, el destino de Johel Zelaya fue producto de una instrumentalización política desde los altos niveles del partido Libertad y Refundación (Libre):
- Responsabilidad política: Pérez afirmó que Zelaya “ha pagado por haberse dejado utilizar por Mel Zelaya“, señalando al expresidente como el estratega detrás de las acciones que llevaron al fiscal a enfrentar el juicio político.
- El caso de los audios: El diputado vinculó directamente la acción de Marlon Ochoa —quien presentó audios ante la fiscalía— con una orden superior. “¿Usted cree que Marlon Ochoa fue con la USB al Ministerio Público sin consultarle a Mel? Mel lo mandó”, aseveró contundentemente.
- Crisis institucional: Con estas declaraciones, el Partido Nacional reafirma su postura de que la salida de Zelaya era necesaria para despolitizar el ente acusador del Estado y devolverle la autonomía frente al Poder Ejecutivo.
La destitución de Johel Zelaya, marcada por ser el primer juicio político ejecutado en Honduras, continúa generando ecos sobre el grado de influencia que las cúpulas partidarias ejercen sobre los operadores de justicia y la transparencia de sus procesos internos.
