Tegucigalpa.- El fiscal general suspendido, Johel Zelaya, enfrentó este martes duros cuestionamientos durante su audiencia pública en el Congreso Nacional, específicamente sobre casos que han generado fuerte conmoción política y social. Con una postura firme, Zelaya rechazó las acusaciones que lo vinculan con la muerte de la magistrada Miriam Barahona y las acciones legales contra las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall.
Defensa ante casos de alto impacto
Durante la comparecencia, el funcionario suspendido respondió a los señalamientos de la oposición que califican sus actuaciones como “persecución política” y “negligencia criminal”:
- Visión técnica: “Yo no veo personas, veo delitos”, sentenció Zelaya ante la Comisión Especial, argumentando que el Ministerio Público actúa bajo criterios jurídicos y no basados en la identidad o afiliación de los investigados.
- Caso Miriam Barahona: Respecto a las críticas del alcalde Roberto Contreras sobre la supuesta obstrucción para que la magistrada recibiera atención médica en el extranjero, Zelaya sostuvo que las decisiones se basaron en requerimientos legales preexistentes y no en una intención de causar daño.
- Consejeras del CNE: Sobre el proceso contra López y Hall, el fiscal defendió la autonomía de las fiscalías especiales para investigar presuntas irregularidades administrativas, negando que existiera una instrucción política para “encerrarlas” o coaccionar su labor electoral.
Argumentos de la Comisión Investigadora
Los diputados, entre ellos representantes de las bancadas de oposición, presentaron estas situaciones como pruebas de un ejercicio abusivo del poder:
- Justicia Selectiva: Se le cuestionó por qué ciertos expedientes avanzaron con celeridad quirúrgica mientras otros casos de corrupción vinculados al actual gobierno permanecen estancados.
- Impacto Humano: Los comisionados enfatizaron que las decisiones de la fiscalía tienen consecuencias reales en la vida y salud de los ciudadanos, citando el caso de la magistrada Barahona como un ejemplo de falta de sensibilidad procesal.
- Independencia de Poderes: La comisión busca determinar si el fiscal actuó como un brazo ejecutor de intereses externos para desestabilizar instituciones clave como el Consejo Nacional Electoral.
Zelaya concluyó su intervención asegurando que prefiere ser juzgado por “aplicar la ley” que por haber sido cómplice del silencio ante posibles actos delictivos, sin importar quiénes fueran los implicados.
