Tegucigalpa.- Un grupo de ciudadanos, antiguos colaboradores de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), se manifestó este lunes frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. Los manifestantes denuncian que, a diez años del cierre de la institución para dar paso al Servicio de Administración de Rentas (SAR), sus expedientes judiciales permanecen estancados en los tribunales correspondientes.
Denuncias de “masacre laboral” y bloqueos
Los afectados calificaron su despido masivo como una “masacre laboral” y señalaron graves irregularidades que han afectado su calidad de vida durante esta última década:
- Vulneración de sectores sensibles: Entre los protestantes se encontraban personas que, al momento del despido, estaban bajo incapacidad médica, en periodo de embarazo o pertenecían a la tercera edad. Los denunciantes lamentaron que varios de sus compañeros han fallecido en el transcurso de estos diez años sin recibir sus prestaciones.
- Presunto veto laboral: Uno de los testimonios más impactantes durante la protesta fue el señalamiento de un supuesto bloqueo en el sector privado. Según los afectados, se dieron instrucciones para que las empresas no contrataran a excolaboradores de la DEI, cerrándoles las puertas en instituciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
- Inacción judicial: Los manifestantes solicitaron empatía a los jueces de lo laboral, asegurando que el trámite legal está “dormido” y que no existe una voluntad clara de resolver los pagos adeudados.
Un llamado a la resolución
La protesta busca que la actual administración del Poder Judicial priorice estos casos de vieja data para cerrar un ciclo de incertidumbre financiera que ha golpeado a cientos de familias. Los exempleados enfatizaron que continuarán con las medidas de presión hasta que la Corte Suprema de Justicia emita resoluciones definitivas sobre sus demandas.
Este conflicto, que se originó con la transición institucional de 2016, sigue siendo una herida abierta en el sistema de justicia laboral hondureño, donde la celeridad procesal parece haber sido la gran ausente.
