Honduras.- El Ministerio Público, por medio de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en coordinación con la Policía Militar del Orden Público (PMOP), puso en marcha una contundente operación orientada a la privación de dominio de 104 bienes considerados de origen ilícito. Los activos bajo investigación están estrechamente vinculados a varios miembros de una organización familiar que opera en la zona occidental de Honduras.
Las acciones conjuntas de aseguramiento e incautación se desarrollan simultáneamente en puntos estratégicos de los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque. Los bienes afectados pertenecen al núcleo familiar de un ciudadano hondureño que cuenta con un requerimiento fiscal interpuesto desde mayo de 2025 y contra quien permanece activa una alerta roja internacional de captura por delitos de criminalidad organizada.
Inmuebles, empresas incautadas y un millonario vacío financiero
El desglose técnico de los activos incautados y los hallazgos periciales del Ministerio Público revelan la magnitud económica de la organización:
- Patrimonio asegurado: Las autoridades tomaron el control físico y registral de 19 bienes inmuebles, 40 vehículos de diversos modelos, 38 productos financieros y siete empresas mercantiles en funcionamiento.
- Vínculos con capos: Las investigaciones de campo de la ATIC detectaron nexos y sólidas transacciones comerciales-financieras entre el principal acusado y Orlando Pinto Espino, considerado uno de los máximos líderes de la estructura criminal “Los Pinto”.
- Flujos financieros masivos: Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) constató que el investigado movilizó más de 1,600 millones de lempiras en el sistema financiero.
- Capital sin justificación: Los análisis contables forenses determinaron la existencia de un vacío financiero insostenible por un monto exacto de 418 millones de lempiras.
Fondos bajo sospecha de lavado de activos
De acuerdo con las detalladas diligencias, cruces de información y pericias financieras realizadas por los peritos del Ministerio Público, se presume legalmente que los investigados no cuentan con la capacidad económica ni fuentes lícitas de ingresos para justificar dicho patrimonio multimillonario. Los indicios apuntan a que la millonaria cantidad proviene supuestamente de actividades relacionadas con el lavado de activos y el tráfico de sustancias prohibidas. Los 104 bienes incautados serán transferidos formalmente a la Oficina de Administradora de Bienes Incautados (OABI) para su respectiva custodia y manejo técnico mientras se evacúan las audiencias de privación de dominio en los tribunales competentes, donde la defensa de los implicados deberá intentar desvanecer la tesis fiscal o, de lo contrario, los activos pasarán definitivamente a favor del Estado de Honduras.
