Tegucigalpa.- Con el objetivo de detener el impacto financiero devastador provocado por despidos mal ejecutados, el Estado hondureño prepara un manual de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas. El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, informó que esta medida busca establecer pasos claros y legales para los ceses de personal, evitando que el Estado siga perdiendo juicios en los tribunales laborales.
Según Aspra, la falta de rigor legal en administraciones anteriores ha pasado una factura carísima al país. Hasta la fecha, los fallos laborales han generado un impacto de 1,900 millones de lempiras, de los cuales 1,200 millones ya han sido cobrados mediante embargos directos a las cuentas estatales.
Sedesol y Hondutel: Los focos de las demandas
El informe de la Procuraduría identifica las instituciones con mayores problemas en sus procesos de despido:
- Sedesol: Registra la mayoría de los casos que han derivado en demandas.
- Hondutel y Alcaldía de Choluteca: También figuran entre los entes con mayores conflictos legales por despidos injustificados o mal procesados.
Investigación por dolo y responsabilidad civil
El procurador advirtió que no habrá impunidad para los administradores que actúen con negligencia. La Procuraduría General de la República (PGR) investigará si los funcionarios incurrieron en errores técnicos o dolo (intención de daño) al ejecutar los despidos.
De encontrarse irregularidades, el Estado procederá a exigir la responsabilidad directa de estos funcionarios para que resarzan los daños financieros causados al erario público. El nuevo manual estará estrictamente basado en el Código del Trabajo, y su incumplimiento será motivo de sanción inmediata.
