Tegucigalpa, Honduras – Con apenas 147 días de sesiones en casi cuatro años, el Congreso Nacional de Honduras, presidido por Luis Redondo, ejecutó más de 1,724 millones de lempiras únicamente en salarios, una cifra que contrasta con los pobres resultados legislativos del período 2022-2026, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El análisis, presentado por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional, revela que entre enero de 2022 y septiembre de 2025 el Poder Legislativo ejecutó 5,942 millones de lempiras, de los cuales el mayor peso recayó en sueldos y salarios, además de al menos 627 millones de lempiras en viáticos.
Sesiones mínimas y ausencias constantes
De acuerdo con Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ, los diputados dejaron de sesionar alrededor de 395 días, cumpliendo apenas el 35% de las sesiones que manda la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL).
Esto significa que, en promedio, el Congreso sesionó 31 días por año de los 104 posibles, pese a que los legisladores continuaron recibiendo todos los beneficios establecidos por ley.
“La desproporción entre el gasto público ejecutado y los resultados obtenidos es evidente”, señaló Aguilar durante la presentación del informe.
Productividad legislativa en caída libre
La baja convocatoria y la ausencia recurrente de diputados se tradujeron en una productividad legislativa decreciente. Las cifras son contundentes:
- 2022: 929 proyectos presentados, solo 156 aprobados
- 2023: 243 presentados, 59 aprobados
- 2024: 255 presentados, 55 aprobados
En conjunto, la productividad fue de apenas 19% entre 2022 y 2024. El informe también evidencia un marcado desequilibrio: 90% de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo fueron aprobados, frente a solo 13% de los presentados por los propios diputados.
Subvenciones y gasto social bajo cuestionamiento
ASJ también cuestionó el uso de las subvenciones legislativas, que en teoría buscan atender necesidades comunitarias, pero que según el informe han reproducido prácticas de clientelismo político y opacidad.
Entre 2022 y 2025 se ejecutaron más de 785 millones de lempiras en subvenciones, de los cuales 536 millones se concentraron solo entre 2024 y 2025.
En paralelo, el Congreso aprobó 2,850 millones de lempiras para gasto social entre 2023 y 2025, equivalentes a 950 millones anuales, canalizados principalmente a través de Gobernación y Justicia, el FHIS y Sedesol, sin mecanismos claros de evaluación de impacto.
Decisiones que debilitaron la institucionalidad
Más allá del manejo financiero, ASJ advirtió que la legislatura 2022-2026 incurrió en excesos que debilitaron la institucionalidad democrática, como la aprobación de un nuevo pacto de impunidad, elecciones de altos funcionarios sin cumplir requisitos legales, la adhesión al CAF y una reciente intervención en el proceso electoral.
Llamado al nuevo Congreso Nacional
Ante este panorama, ASJ instó al nuevo Congreso Nacional, que asumirá funciones próximamente, a reducir el gasto, aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo y eliminar o reglamentar estrictamente las subvenciones.
Además, pidió priorizar reformas clave como la reforma electoral, la Ley del Consejo de la Judicatura, la Ley de Colaboración Eficaz, cambios a la Ley de Transparencia y a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
Finalmente, recomendó establecer procedimientos obligatorios para viáticos, sanciones por inasistencia y una agenda anual de sesiones con proyectos prioritarios, que garantice planificación, seguimiento y rendición de cuentas a la ciudadanía.
