La Asamblea Nacional de Nicaragua anunció que comenzó el proceso para elaborar las reformas necesarias con el fin de cumplir las orientaciones del presidente Daniel Ortega, quien manifestó que en el país no volverán a celebrarse elecciones generales como se han realizado tradicionalmente.
La decisión surge luego del discurso pronunciado por el mandatario durante el acto conmemorativo del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, donde aseguró que no permitirá procesos electorales que, según afirmó, puedan poner en riesgo la estabilidad política y el control del actual modelo de gobierno.
Con esta medida, el Parlamento, dominado por el oficialismo, iniciará un plan de trabajo para impulsar los cambios legales y constitucionales requeridos.
Parlamento trabajará con el Consejo Supremo Electoral
En un comunicado oficial, la Asamblea Nacional explicó que realizará sesiones especiales junto con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para definir los procedimientos jurídicos y constitucionales que permitan implementar las reformas.
Según el Legislativo, el objetivo es establecer un marco legal que, a su criterio, fortalezca la institucionalidad del Estado y garantice la continuidad del modelo político impulsado por el Gobierno.
Además, sostuvo que las modificaciones buscan preservar la soberanía nacional y que las decisiones relacionadas con el sistema político corresponden únicamente al pueblo nicaragüense.
Ortega justificó la decisión en la estabilidad del país
Durante su intervención del pasado 19 de julio, Daniel Ortega defendió la medida argumentando que no permitirá procesos políticos que puedan afectar la paz, la seguridad y los avances sociales alcanzados por su administración.
El mandatario aseguró que las reformas buscan proteger la continuidad de las políticas gubernamentales y evitar escenarios que, desde su perspectiva, representen riesgos para la estabilidad del país.
Las declaraciones marcaron un nuevo giro en el escenario político nicaragüense, donde Ortega permanece en el poder desde 2007.
Estados Unidos cuestiona la decisión
La postura del Gobierno nicaragüense provocó una rápida reacción internacional.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las declaraciones del mandatario evidencian el carácter autoritario del régimen.
En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio sostuvo que Ortega y la copresidenta Rosario Murillo han dejado de mantener incluso la apariencia de gobernar con el respaldo popular.
Asimismo, reiteró que los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a elegir libremente a sus autoridades mediante procesos democráticos y pidió a la comunidad internacional aumentar la presión diplomática sobre el Gobierno de Managua.
Costa Rica y la oposición expresan preocupación
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica manifestó su preocupación por el cierre de los espacios cívicos y las restricciones a la participación política en Nicaragua.
Por su parte, sectores de la oposición hicieron un llamado a la comunidad internacional para incrementar las acciones diplomáticas y exigir garantías democráticas en el país.
Los opositores sostienen que las reformas profundizan la concentración del poder y reducen aún más las posibilidades de participación política.
Ortega consolida su control sobre las instituciones
Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y ha enfrentado durante los últimos años señalamientos de fraude electoral, persecución contra opositores y restricciones a la participación política, acusaciones que su Gobierno rechaza.
Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien fue vicepresidenta y posteriormente designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió sus facultades dentro del Ejecutivo.
Con el inicio del proceso legislativo anunciado por la Asamblea Nacional, Nicaragua avanza hacia una nueva reforma política que ha generado cuestionamientos tanto dentro como fuera del país sobre el futuro de su sistema democrático.
