La tensión interna en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) volvió a quedar expuesta este jueves 27 de noviembre, cuando una mayoría de magistrados pidió formalmente a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, convocar sin demora a sesión de pleno para conocer los recursos de amparo presentados contra el estado de excepción vigente en el país.
La solicitud fue firmada por los magistrados Luis Fernando Padilla y Francisca Villeda Zavala (Sala Constitucional), Walter Raúl Miranda y Nelson Danilo Mairena (Sala Penal), Gaudy Alejandra Bustillo y Anny Belinda Ochoa (Sala Civil), Isbela Bustillo (Sala Constitucional) y Odalis Nájera (Sala Laboral).
Todos ellos coinciden en que el tema no admite retrasos debido a su impacto directo en derechos fundamentales.
Magistrados piden deliberar sobre el PCM 37-2025
De acuerdo con la misiva enviada a la presidencia de la CSJ, los magistrados señalan que la sesión debe convocarse “para conocer y deliberar” los distintos amparos interpuestos contra el Decreto Ejecutivo PCM 37-2025, mediante el cual el Gobierno mantiene el estado de excepción en varias zonas del territorio.
Los togados advierten que estos recursos inciden directamente en el interés público, en la vigencia de garantías constitucionales y en el adecuado funcionamiento del sistema de justicia.
Por ello, recalcan que el pleno debe reunirse con carácter urgente para resolver conforme a derecho y con total independencia.
La petición está sustentada en los artículos 80, 308 y 315 de la Constitución de la República, así como en los artículos 12, 13 y 15 literal c del Reglamento Interior de la Corte Suprema, que establecen las atribuciones para convocar y deliberar sobre asuntos de alta relevancia nacional.
Por ahora, la presidenta Rebeca Ráquel no se ha pronunciado sobre si atenderá o no la solicitud. Sin embargo, el llamado de ocho magistrados representa un claro mensaje sobre la necesidad de actuar con prontitud en un tema que ha generado debate político, social y jurídico por sus implicaciones en materia de seguridad y garantías constitucionales.
