Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó este jueves el exequátur de notario a José Luis Melara Ráquel, hijo de la actual presidenta del Poder Judicial, Rebeca Lizette Ráquel Obando, así como a Edson Javier Argueta Palma, quien funge como secretario privado del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
La decisión ha generado reacciones en diversos sectores jurídicos y políticos, al considerar que ambos beneficiarios mantienen vínculos directos con las más altas autoridades de dos de los tres poderes del Estado.
Aunque el otorgamiento del exequátur es un trámite regulado por ley para profesionales del Derecho que cumplen con los requisitos, el contexto en el que se produce ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso.
¿Qué es el exequátur?
El exequátur es el reconocimiento legal otorgado por la CSJ a los abogados que solicitan ejercer como notarios públicos, habilitándolos formalmente para autenticar documentos, dar fe pública y realizar actos notariales.
Es un paso fundamental en la carrera profesional de los juristas, pero también un proceso que implica evaluación por parte de la Corte.
Reacciones y señalamientos
Aunque desde el Poder Judicial no se ha emitido un pronunciamiento oficial, fuentes cercanas a la Corte aseguran que ambos aspirantes cumplieron con los requisitos académicos y técnicos establecidos.
Sin embargo, sectores opositores y voces dentro del gremio legal consideran que se debió evitar cualquier decisión que pudiera interpretarse como un posible conflicto de interés.
“No se cuestiona el mérito académico, sino el momento político y las relaciones personales que empañan la percepción pública de independencia judicial”, expresó un catedrático de Derecho bajo anonimato.
Este hecho se produce en medio de un contexto electoral y político sensible, donde las instituciones del Estado están bajo escrutinio y la confianza ciudadana es clave para la estabilidad democrática.
Por ahora, la CSJ mantiene en firme la resolución, pero el debate público sobre el uso del poder institucional para favorecer a allegados continúa creciendo.
