Tegucigalpa. – Más de 800 conexiones clandestinas fueron intervenidas en la primera semana de noviembre por el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), como parte de los operativos que realiza la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para combatir el hurto de energía en todo el país.
Las acciones, que forman parte de una estrategia nacional para reducir pérdidas técnicas y no técnicas, tienen como meta regularizar 3,800 “pegues ilegales” antes de finalizar el mes, según confirmó el PNRP.
En los últimos dos años, este programa ha identificado 52,602 usuarios que disfrutaban del servicio sin estar registrados, sin haber realizado la solicitud de instalación y sin pagar el consumo correspondiente.
Altos niveles de ilegalidad en el norte y centro del país
Recientes operativos en Villanueva, Cortés, y Comayagua revelaron altos porcentajes de irregularidades, alcanzando un 92% y 45% respectivamente del total de inspecciones realizadas.
En el Distrito Central, la ilegalidad detectada llegó al 32%, lo que evidencia que el hurto de energía continúa siendo una práctica extendida.
De acuerdo con el PNRP, las acciones de regularización ya representan un impacto positivo de 342.8 millones de lempiras para la estatal eléctrica, contribuyendo a mejorar el suministro y reducir pérdidas económicas.
Las autoridades recordaron que las conexiones ilegales no solo afectan la calidad del servicio, sino que también ponen en riesgo la vida de las personas y sus viviendas, ya que muchas de estas instalaciones carecen de medidas de seguridad y provocan incendios o cortocircuitos.
Sanciones y procedimientos legales
El Reglamento de Servicio Eléctrico de Distribución, en su artículo 73, establece que toda conexión irregular constituye una conducta ilícita. La ENEE está facultada para suspender el servicio y proceder conforme al Código Penal.
El artículo 369 del Código Penal señala que quien sustraiga o utilice electricidad de forma clandestina será castigado con prisión de seis meses a dos años, además de multas que oscilan entre 50,000 y 200,000 lempiras, dependiendo del monto defraudado.
