Tegucigalpa, Honduras – El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales, presentó un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el delito de prevaricato judicial, al emitir resoluciones contrarias a la ley.
De acuerdo con el comunicado oficial, ambos magistrados habrían ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de varios ciudadanos como candidatos a diputados, pese a que existían impedimentos legales y procesos en curso.
Resoluciones sin quórum ni procedimiento legal
Según las investigaciones, el magistrado Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano luego de emitir una opinión pública sin conocer formalmente el expediente en Pleno.
Sin embargo, el 27 de octubre, los magistrados resolvieron el caso sin seguir el procedimiento que exige la Ley Orgánica y Procesal Electoral, el cual requiere formar una pieza separada, notificar al magistrado recusado, suspender temporalmente el expediente y convocar a un suplente.
El MP subraya que Flores Urrutia participó en la resolución de una recusación que lo involucraba directamente, algo expresamente prohibido por la ley.
Por su parte, el 28 de octubre ambos magistrados declararon con lugar los recursos y ordenaron al CNE la inscripción inmediata de los ciudadanos, pese a que el TJE no estaba debidamente integrado, ya que no se convocó al tercer magistrado propietario ni a su suplente, lo que afecta la validez de las resoluciones adoptadas.
Fiscalía solicita que el caso sea conocido por juez natural
El requerimiento fiscal fue presentado luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inadmisible una solicitud de antejuicio, considerando que los magistrados del TJE no gozan de las mismas prerrogativas que los magistrados de la CSJ.
Por tal motivo, la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) pidió que el caso sea conocido por un juez natural, conforme lo establece la ley, a fin de garantizar el debido proceso.
Con esta acción, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de velar por la legalidad y transparencia en las instituciones electorales del país, especialmente a menos de un año de las elecciones generales de 2025.
