La empresa Unión Latín Cargo S.A., dedicada al transporte y logística marítima, rechazó este miércoles la adjudicación del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales esenciales de cara a las elecciones generales de 2025.
A través de una carta dirigida al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales, la empresa formalizó su decisión de retirarse del proceso de licitación, alegando falta de claridad, incumplimiento de fechas y ausencia de respuesta institucional.
Unión Latín Cargo, que ofrece servicios de aduanas, rutas comerciales, seguros de transporte, bodegas y logística multimodal, sostuvo que la oferta debía publicarse el 30 de septiembre, pero se retrasó hasta el 4 de octubre, coincidiendo con el Feriado Morazánico, lo que afectó el desarrollo normal del proceso.
Retrasos, falta de simulacro y ausencia de respuestas del CNE
En su comunicado, la empresa recordó que en el cronograma de ejecución no se contempla una fecha específica para el simulacro de transporte y distribución, actividad clave para evaluar la eficiencia y seguridad del traslado del material electoral.
Además, Unión Latín Cargo afirmó que enviaron cinco notas oficiales al órgano electoral entre el 20 y el 30 de octubre, sin recibir ninguna respuesta formal.
De acuerdo con el cronograma, los furgones estacionarios debieron ingresar al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) el 1 de noviembre, sin embargo, esto no se cumplió, lo que evidencia un retraso operativo que podría comprometer los tiempos logísticos del proceso electoral.
Solicitud de retiro y discrepancias en condiciones de pago
La empresa confirmó que el 3 de noviembre presentó una solicitud de retiro formal del proceso, pero esa misma noche fue notificada de la adjudicación del contrato por parte del CNE.
Posteriormente, el 4 de noviembre, representantes de la empresa sostuvieron una reunión presencial con los consejeros electorales, en la que reconsideraron su decisión inicial; sin embargo, persistieron las diferencias en torno a las condiciones de pago.
Según la empresa, el CNE no accedió a su solicitud de un pago parcial no menor al 50 % del valor total del contrato al momento de la firma, y el resto al finalizar el servicio, como establece el artículo 91 de la Constitución de la República.
Preocupación por antecedentes y riesgo en el cumplimiento del cronograma electoral
Unión Latín Cargo también señaló como antecedente la falta de pago a la empresa adjudicada para las elecciones primarias, lo que calificó como un precedente preocupante que podría poner en riesgo la ejecución del proyecto actual y afectar directamente el cumplimiento de los cronogramas logísticos y operativos del CNE.
La compañía advirtió que existe un retraso de 20 días en la adjudicación y de cinco días en el ingreso de unidades estacionarias al Infop, lo que podría traducirse en demoras significativas en la distribución del material electoral a nivel nacional.
