Tegucigalpa, Honduras – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fijó su postura institucional ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas soliciten acceso a resultados electorales.
A través de un comunicado oficial, la máxima casa de estudios advirtió que dicha pretensión no tiene fundamento constitucional ni legal, y que además vulnera la autonomía del sistema electoral hondureño.
“El artículo 272 de la Constitución de la República de Honduras limita la participación de las Fuerzas Armadas al ámbito de seguridad y logística electoral”, recordó la UNAH, señalando que el rol militar no incluye la administración, verificación ni manejo de resultados.
“El CNE es el único autorizado”
La institución subrayó que la Ley Electoral otorga exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la administración, procesamiento y divulgación de los resultados oficiales, por lo que cualquier intento de acceder a actas o resultados por parte de las FFAA contraviene el orden jurídico vigente.
En el documento, la UNAH sostiene que esta clase de solicitudes pone en riesgo los principios de autonomía electoral, apoliticidad y subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, pilares esenciales del sistema democrático.
Llamado a respetar los límites institucionales
La universidad afirmó que es imprescindible reafirmar el carácter civil de la democracia hondureña, insistiendo en que las instituciones armadas deben mantener su rol constitucional, sin involucrarse en decisiones electorales ni en funciones que no les corresponden.
Asimismo, reiteró la necesidad de fortalecer la cultura constitucional dentro de las FFAA, recordando que su papel es garantizar la seguridad del proceso, no participar en la administración de resultados.
Compromiso con la democracia
La UNAH finalizó el comunicado reafirmando su compromiso con:
• el Estado democrático de Derecho,
• la neutralidad institucional,
• la autonomía electoral, y
• el respeto a los límites del poder.
“El fortalecimiento de la democracia exige instituciones que actúen dentro del marco de la ley, sin usurpar funciones ni alterar el orden constitucional”, concluye el documento.
