Tegucigalpa, Honduras – La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió este martes los recursos de apelación presentados por Carlos Francisco Aguilar Macías, escribiente del Juzgado de Choluteca, y Wilson Adalid Herrera Álvarez, abogado privado, confirmando el Auto de Formal Procesamiento en su contra.
El Ministerio Público los acusa por los delitos de extorsión y asociación para delinquir, imputándoles la exigencia de 3 millones de lempiras a un testigo protegido para que se “engavetara” una investigación criminal en su contra.
La entrega del dinero se realizó y documentó bajo supervisión de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Recursos de apelación desestimados
La Corte declaró sin lugar los recursos presentados por las defensas, ratificando la medida cautelar de prisión preventiva y el procesamiento formal. En su resolución, el Tribunal respondió a cada uno de los alegatos de los acusados:
La ausencia de denuncia formal no invalida las diligencias de investigación policial.
La entrega de dinero fue una operación supervisada lícita, sin necesidad de autorización judicial.
Es admisible la grabación de conversaciones por uno de los interlocutores sin orden judicial.
Intimidación sistemática y asociación para delinquir
Sobre el delito de extorsión, la Corte señaló que la intimidación fue progresiva y sistemática: “Los acusados generaron la apariencia de una investigación criminal contra la víctima, provocando alarma, que luego aumentaron para ofrecer una ‘solución’ condicionada a un pago.
Esta dinámica culminó con la entrega supervisada del dinero, evidenciando el ánimo de lucro propio del delito de extorsión”, indicó el Tribunal.
En cuanto al delito de asociación para delinquir, la grabación de la conversación entre los acusados fue considerada prueba suficiente para fundamentar la existencia de un plan coordinado para cometer extorsión.
Protección de testigos y medidas cautelares
La Corte también destacó la necesidad de mantener la protección de los testigos involucrados y consideró que, dada la gravedad de las conductas imputadas, la prisión preventiva sigue siendo procedente en esta etapa del proceso.
