Honduras – Este jueves culminó el juicio oral y público contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo, acusado por el Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión del delito de extorsión.
El proceso se desarrolló en el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, pero el fallo no fue dictado, ya que se mantiene en suspenso a la espera de que la Corte resuelva un recurso de amparo promovido por la defensa.
“Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad”
En la última jornada del juicio, se llevó a cabo la etapa de conclusiones. Vallecillo aprovechó el espacio para declararse inocente y cuestionar la acusación en su contra.
“Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad”, expresó ante los jueces, reiterando que nunca sacrificaría su carrera profesional por dinero.
El exjuez afirmó que este caso le ha provocado un daño profundo a su familia, señalando que incluso perdió la oportunidad de acompañar la graduación de su hijo debido a la investigación y al proceso judicial que enfrenta.
La acusación del Ministerio Público
De acuerdo con el MP, Vallecillo habría integrado, junto a Nelson Omar Sierra y el abogado Reinaldo Leiva, una supuesta estructura dedicada a extorsionar a un testigo protegido. Según la acusación, exigían dinero a cambio de que no se presentara requerimiento fiscal en su contra.
El caso fue presentado como parte de las investigaciones que impulsa la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, aunque la defensa del exjuez sostiene que no existen pruebas suficientes para demostrar la existencia de los hechos imputados.
Fallo pendiente
El Tribunal no emitió resolución final al cierre del juicio y señaló que el expediente permanecerá a la espera de lo que resuelva la Corte respecto al recurso de amparo interpuesto por la defensa de Vallecillo. Una vez que haya respuesta a ese trámite, se conocerá si el exjuez enfrentará condena o será absuelto de los cargos.
Con este caso, vuelve a ponerse sobre la mesa el debate sobre la independencia judicial en Honduras y la presión que enfrentan operadores de justicia acusados de incurrir en actos ilícitos mientras ejercían sus funciones.
