
San Pedro Sula, Honduras – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, reaccionó tras la captura de su yerno, Steven Adolfo Fajardo Vargas, en el marco de las investigaciones del Ministerio Público (MP) por un presunto fraude de 45.5 millones de lempiras en la alcaldía sampedrana.
“Este ataque contra mi familia es un ataque político, un ataque contra la democracia de Honduras. La intención es inhabilitarme. Están instrumentalizando la justicia”, expresó Contreras.
El edil anunció que ofrecerá en breve una conferencia de prensa para ampliar su postura y reiteró que no tiene nada que ocultar: “Soy un hombre limpio. Ya este ataque político lo esperábamos. Hago un llamado a todo el pueblo hondureño a mantenerse vigilante”.
Antecedentes del caso
El MP presentó este lunes un requerimiento fiscal contra actuales y exfuncionarios de la alcaldía sampedrana, así como contra particulares, acusados de integrar una red de corrupción que operó entre julio de 2023 y abril de 2024.
De acuerdo con la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), los acusados suscribieron 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCO D. S. de R.L., lo que provocó un perjuicio económico superior a los 45.5 millones de lempiras.
Entre los proyectos señalados como incumplidos están la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en la zona de El Merendón, donde no existe evidencia de que se introdujera maquinaria.
Funcionarios y empresarios acusados
La acusación incluye a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCO D.), así como a Steven Fajardo (yerno del alcalde), Josué David Fajardo Hernández y otros representantes empresariales.
También figuran en la lista de imputados actuales funcionarios municipales como Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica, Marlen Mena Gómez, Xavier Lacayo Delgado, Luis Enrique Saa y Walter Cartagena Villagra.
Los delitos atribuidos van desde fraude y violación de deberes de los funcionarios, hasta lavado de activos y tráfico de influencias.