En los últimos meses, Honduras ha llevado a cabo la extradición de varios ciudadanos hacia Estados Unidos, acusados de delitos relacionados con narcotráfico y delitos conexos. Estas acciones reafirman los compromisos firmados entre ambos países y la activación de los mecanismos legales para responder a las solicitudes internacionales.
En uno de los casos más recientes, los extraditados fueron Erick Fernando Raudales y Orbin Alfredo Velásquez, quienes fueron entregados a agentes estadounidenses en la Base Aérea de Palmerola, en Comayagua. Ambos enfrentan cargos federales en EE.UU. por posesión y distribución de sustancias como fentanilo, metanfetamina y cocaína.
Otro caso destacado es el de José Rafael Sosa, alias “Chafala”, de 48 años, quien fue trasladado desde la Penitenciaría Nacional de Támara hacia Palmerola para su entrega formal luego de cumplir una pena en Honduras. Sosa será juzgado en Florida por cargos de tráfico de cocaína. Este fue el segundo extraditado del año, luego de Abner Estrada, reclamado desde Oregón por tráfico de fentanilo.
Estas extradiciones se realizan bajo fuertes medidas de seguridad y un estricto acompañamiento legal. Honduras, desde la reforma constitucional de 2012, ha permitido que las solicitudes de extradición sean atendidas siempre que se cumplan los procesos judiciales correspondientes.
El gobierno hondureño ha afirmado que estos casos son parte de una estrategia mayor para combatir el narcotráfico, reforzar la cooperación internacional y asegurar que delitos de impacto transnacional no queden impunes. Las extradiciones no sólo sirven para responder ante la ley, sino como mensaje de cero tolerancia frente al crimen organizado que trasciende fronteras.
