Tegucigalpa, Honduras – El exdirector del programa de vivienda social del Instituto de la Propiedad (IP), Mario Roberto Reyes López, deberá permanecer detenido luego que un juez de Letras le dictara la medida de detención judicial durante la audiencia de declaración de imputado.
Reyes López está señalado por el delito de fraude, en un caso que involucra el presunto mal uso de fondos públicos de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del IP. La audiencia inicial quedó programada para el próximo jueves 28 de agosto a las 9:00 de la mañana.
El exdirector del programa de vivienda social del Instituto de la Propiedad (IP), Mario Roberto Reyes López, deberá permanecer detenido luego que un juez de Letras le dictara la medida de detención judicial durante la audiencia de declaración de imputado.
Reyes López está señalado por el delito de fraude, en un caso que involucra el presunto mal uso de fondos públicos de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del IP. La audiencia inicial quedó programada para el próximo jueves 28 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Otros implicados en la causa
Junto al exdirector, también fueron acusadas las exfuncionarias Dayanara Sánchez Valles (excoordinadora técnica), Tania Michell Montoya Zepeda (exgerente administrativa), y Leyla Patricia Rubio Valladares (excoordinadora de presupuesto).
Asimismo, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berrios Salinas, representantes de la organización Fundación Ayudando con Amor.
El convenio y los fondos cuestionados
De acuerdo con las investigaciones, los imputados habrían actuado en colusión para utilizar recursos del fideicomiso SITEC, con el propósito de firmar un convenio con la fundación mencionada para supuestos proyectos sociales que nunca se ejecutaron.
El acuerdo estipulaba que la UCP debía desembolsar 39.5 millones de lempiras en calidad de donación, pese a que esta unidad no tenía autorización legal, ya que los fondos provenían de la Tasa Vehicular.
El ente acusador del Estado indicó que, un año después de firmado el convenio, se comenzaron a realizar desembolsos a través de cheques depositados en cuentas controladas por los imputados.
Otros implicados en la causa
Junto al exdirector, también fueron acusadas las exfuncionarias Dayanara Sánchez Valles (excoordinadora técnica), Tania Michell Montoya Zepeda (exgerente administrativa), y Leyla Patricia Rubio Valladares (excoordinadora de presupuesto).
Asimismo, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berrios Salinas, representantes de la organización Fundación Ayudando con Amor.
El convenio y los fondos cuestionados
De acuerdo con las investigaciones, los imputados habrían actuado en colusión para utilizar recursos del fideicomiso SITEC, con el propósito de firmar un convenio con la fundación mencionada para supuestos proyectos sociales que nunca se ejecutaron.
El acuerdo estipulaba que la UCP debía desembolsar 39.5 millones de lempiras en calidad de donación, pese a que esta unidad no tenía autorización legal, ya que los fondos provenían de la Tasa Vehicular.
El ente acusador del Estado indicó que, un año después de firmado el convenio, se comenzaron a realizar desembolsos a través de cheques depositados en cuentas controladas por los imputados.
