Honduras – La Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP), sostuvo una reunión con representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones que velan por las personas privadas de libertad, con el fin de informar sobre las medidas de seguridad adoptadas en los centros penitenciarios del país.
Durante el encuentro, que se desarrolló en un ambiente de diálogo abierto, se abordó el proceso de clasificación de los reos con base en su situación jurídica y la posible vinculación a estructuras criminales, narcotráfico u organizaciones delictivas. Este mecanismo busca garantizar un trato diferenciado conforme al principio de legalidad y respeto a los derechos fundamentales.
El presidente de la Comisión Interventora, general de Brigada Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, explicó los protocolos de seguridad implementados para resguardar la integridad de los internos y del personal penitenciario, así como el orden dentro de los recintos carcelarios.
Asimismo, se presentó el esquema técnico y legal que permite distinguir entre personas procesadas y condenadas, con el propósito de facilitar la adecuada reubicación y tratamiento de los reclusos. Muñoz Bonilla destacó que, antes del 15 de mayo, se completará la clasificación de los privados de libertad.
“Queremos mantener una comunicación fluida con los entes de derechos humanos, informarles de los traslados, los movimientos dentro del sistema penitenciario y las medidas que se tomarán en recintos como la zona de máxima seguridad de Támara”, expresó.
Durante la reunión, los representantes de los organismos de derechos humanos valoraron positivamente la disposición al diálogo y reiteraron su interés en mantener estos espacios de comunicación para monitorear el respeto a los derechos de los privados de libertad.
Le puede interesar: Capturan en Tegucigalpa a presunto responsable de cuatro delitos contra funcionaria judicial
Muñoz Bonilla también se refirió a las acciones que se implementarán para evitar el ingreso de objetos ilícitos como armas, teléfonos o drogas, subrayando que se busca restringir cualquier elemento que represente una amenaza tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
Finalmente, se reiteró el compromiso de la Comisión Interventora de mantener informadas a las organizaciones civiles sobre los avances en la gestión penitenciaria, construcciones de nuevos recintos y futuras decisiones relacionadas con la población reclusa.
