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Canciller acusa a EE.UU. de intentar usar extradición como arma política

Tegucigalpa, Honduras – El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina afirmó que Estados Unidos tenía la intención de usar la extradición como un instrumento político contra miembros del gobierno y el partido Libre.

Según Reina, esta es la razón por la cual la presidenta Xiomara Castro decidió eliminar dicha figura legal.

Reina mencionó que las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, fueron un factor determinante en esta decisión.

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¿Por qué se eliminó el tratado de extradición?

La embajadora Dogu había señalado que el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosvelt Hernández, se habían reunido con un narcotraficante, refiriéndose al general venezolano Vladimir Padrino.

Estas acusaciones, según el canciller, podrían haber sido utilizadas en contra de estos funcionarios.

Además, el canciller Reina denunció que informes de inteligencia militar alertaban sobre un posible “golpe de barracas” contra el general Hernández, lo cual podría haber tenido un impacto negativo en las elecciones generales del próximo año.

El término “golpe de barracas” se refiere a una situación en la que un grupo de oficiales militares decide destituir al jefe de la institución armada, un escenario que ya se había visto en las décadas de 1970 y 1980.

Reina también destacó que la presidenta Castro estaba preocupada por la posibilidad de este tipo de desestabilización y dejó claro que “no vamos a permitir que se desestabilice a las Fuerzas Armadas ni el proceso electoral”.

Por ello, la eliminación de la extradición se vio como una medida necesaria para proteger tanto a las instituciones como a los funcionarios del gobierno de cualquier manipulación política en el contexto electoral.

El canciller concluyó señalando que con tan solo ocho días para la convocatoria del proceso electoral, es esencial que las Fuerzas Armadas, que actúan como garantes de las elecciones, se mantengan estables y alejadas de cualquier controversia que pudiera comprometer su papel fundamental en el proceso democrático del país.

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