Venezuela – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este martes a WhatsApp, propiedad de la estadounidense Meta, de haber proporcionado a los líderes de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, “toda la base de datos” del país.
Según Maduro, esta información incluye datos personales de los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea.
“WhatsApp entregó a los terroristas venezolanos, a la diabla esta demonía Machado, terrorista y asesina, prófuga de la Justicia, y al criminal de guerra Edmundo González Urrutia y a sus comanditos (…) toda la base de datos de Venezuela: quién eres tú, tu familia, tus amigos, de qué hablas, de qué no hablas, qué videos compartes, cuáles son tus gustos, etcétera”, afirmó el mandatario durante un encuentro con jóvenes, transmitido por el canal estatal VTV.
Le puede interesar: Maduro pide a poderes del Estado actuar con “mano de hierro” tras protestas en Venezuela
Los ‘comanditos’ mencionados por Maduro son estructuras de organización ciudadana que surgieron durante la campaña electoral de González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora.
Desde la semana pasada, Maduro ha intensificado su campaña contra redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, alegando que se utilizan para amenazar a militares, policías y líderes comunitarios.
El presidente ha instado repetidamente a los venezolanos a eliminar la aplicación, un proceso que describió como “acelerar”, aunque no ha presentado pruebas concretas para respaldar sus acusaciones.
“Tenemos que liberar WhatsApp de nuestras vidas”, expresó Maduro, criticando a la aplicación como parte del “imperialismo tecnológico” y acusando a sus operadores de ser enemigos de Venezuela y de la humanidad.
Esta campaña se produce en medio de tensiones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que, según el ente electoral, Maduro resultó reelegido. La oposición mayoritaria ha rechazado el resultado, alegando “fraude”, lo que ha llevado a múltiples protestas en el país.
El Gobierno considera estas manifestaciones como acciones “criminales” y “terroristas”.
Desde el 29 de julio, más de 2.400 personas han sido detenidas en el contexto de estas protestas y operativos policiales, mientras que 25 personas han muerto en incidentes de violencia.
El Gobierno atribuye estos hechos a la oposición, mientras que la oposición culpa a las fuerzas de seguridad del Estado.
