Tegucigalpa, Honduras
Un informe recientemente publicado en Tegucigalpa reveló que al menos 24 defensores de derechos humanos, con un enfoque particular en la protección de la tierra y el medio ambiente, fueron víctimas de asesinato durante el año 2023 en Honduras.
Este país, conocido por ser uno de los más peligrosos para quienes se dedican a esta labor, sigue siendo testigo de una escalada de violencia contra aquellos que luchan por garantizar los derechos fundamentales de las personas.
El documento, titulado “Honduras: No hay protección para DDHH”, elaborado y presentado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), detalla que de los casos reportados, diez ocurrieron en la comunidad de Guapinol, ubicada en el departamento de Colón, seguido por casos en otras regiones del país como Atlántida, Yoro, Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso.
La directora de ACI Participa, Edme Castro, expresó su preocupación ante esta situación, señalando un estancamiento e incluso retroceso en materia de derechos humanos en Honduras.
Castro destacó la precarización de la seguridad de los defensores debido a conflictos entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Protección, lo que deja a quienes promueven y defienden los derechos humanos en una situación de vulnerabilidad.
Enfatizando en la falta de atención hacia los derechos humanos como una de las principales causas de las violaciones, Castro subrayó la particular vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente y la tierra, quienes son blanco de violencia en un contexto donde los intereses económicos a menudo priman sobre la protección de los derechos de las comunidades.
El informe también destaca la falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado de Honduras, lo que perpetúa la impunidad y contribuye a la violencia continua contra los defensores de derechos humanos.
Ante esta alarmante situación, ACI Participa insta al Estado a garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades, así como a adoptar los Acuerdos de Escazú, en un esfuerzo por proteger a quienes defienden el agua, el territorio, la tierra y el medio ambiente en el país.
