Aunque el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) ha recibido 2.6 veces más fondos que lo asignado a la compra de medicamentos en el sistema de salud pública y se hayan contratado 1,906 empleados, las pérdidas de energía eléctrica en Honduras siguen creciendo y siendo las más altas de Centroamérica, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El reporte “¿Dónde está la energía? Analizando los resultados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP)”, presentado por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional, detalla que, para diciembre de 2023 las pérdidas de energía eléctrica deberían estar en 28 %; sin embargo, en lugar de disminuir, han aumentado de 32 % a 35 % desde el inicio del programa en noviembre de 2022.
En el marco del PNRP, si bien se ha reportado una leve reducción de pérdidas en la región correspondiente a Francisco Morazán y El Paraíso, en el resto de Honduras han aumentado, siendo 20 circuitos los que tienen la mayor cantidad de pérdidas: los mismos que en los últimos años.
La reducción de pérdidas también ha sido uno de los objetivos del contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), que entre 2016 y agosto de 2023 habrá recibido L 26,938 millones sin haber cumplido la disminución de pérdidas proyectada de 31.95 % a 14.95 %. A dos meses de que finalice el contrato, no se descarta una ampliación del mismo, en lugar de realizar los preparativos para culminar el infructuoso proyecto.
El análisis de ASJ destaca que esta crisis se ve reflejada en los bajos ingresos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ya que en 2023 ha recaudado 11 % menos cada mes en comparación a 2022. En las últimas décadas esto ha convertido a la ENEE en un mal pagador, incrementando el costo de la energía. Además, no le ha permitido invertir en redes de transmisión y distribución para garantizar servicio de calidad.
Todas las líneas de acción para la reducción de pérdidas bajo el PNRP muestran grandes retrasos, con apenas 20 % de avance en la ejecución de acciones planeadas para 2023. Además, ha habido más avance en acciones enfocadas en usuarios residenciales que en altos y medianos consumidores, atacando a los más pobres.
Tampoco se ha instalado ni un solo medidor inteligente y no se ha ejecutado nada de lo destinado a inversiones, mientras 39 % del presupuesto fue dirigido al pago de salarios y se ha contratado personal sin la experiencia y conocimiento técnico. Además, el personal administrativo del PNRP recibe salarios dos veces más altos que los de sus similares en las secretarías de Salud y Seguridad, y en el caso de los coordinadores, devengan más que el secretario de Educación. A pesar de los altos salarios, los resultados del programa han sido pobres o nulos.
Por otro lado, las contrataciones para adquirir materiales se han hecho mediante licitaciones privadas, lo que no garantiza la transparencia y competitividad, y los contratos fueron adjudicados por montos que sobrepasan los techos establecidos por Ley de Contratación del Estado, lo que representa fuertes riesgos de corrupción.
Pese a que el PNRP cuenta con el presupuesto y recursos humanos suficientes para dar resultados, ante el fracaso en el manejo de la crisis energética la ASJ recomienda a las autoridades concentrarse en circuitos con mayores pérdidas y en altos consumidores, evaluar resultados, reducir personal y buscar una nueva estrategia.
