Tegucigalpa.- El pleno del Congreso Nacional dio luz verde al dictamen correspondiente a la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, un cuerpo normativo diseñado para intensificar la represión judicial contra las estructuras delictivas que socavan la tranquilidad ciudadana en el territorio nacional.
Las disposiciones aprobadas establecen sanciones privativas de libertad que oscilan entre los treinta y cuarenta años de reclusión para los miembros activos de estas organizaciones, contemplando además la pena de cadena perpetua para los cabecillas e incrementando los castigos punitivos para aquellos colaboradores que faciliten sus operaciones ilícitas.
Asimismo, la legislación incorpora mecanismos jurídicos dirigidos a robustecer los procedimientos de investigación penal, optimizar los esquemas de vigilancia y control dentro del sistema penitenciario y prohibir estrictamente la exhibición de cualquier símbolo, marca o distintivo gráfico alusivo a estas facciones criminales.
Con la ratificación de este marco legal, el Estado busca dotar a los operadores de justicia de herramientas coercitivas más eficaces para desmantelar la capacidad operativa de las redes delictivas y garantizar el orden público en todo el país.
