Tegucigalpa.- Las comisiones legislativas del Congreso Nacional incorporarán en su agenda de discusión un amplio paquete de modificaciones orientadas a reformar el Código Penal, la normativa procesal y el sistema penitenciario, con el propósito fundamental de endurecer la persecución judicial y el marco punitivo contra las estructuras del crimen organizado y las asociaciones terroristas en el país.
El proyecto de ley contempla modificaciones sustanciales que imponen sanciones de treinta a cuarenta años de reclusión para los simples integrantes de estas organizaciones criminales, elevando las penas hasta la cadena perpetua para los cabecillas, directivos y financistas, además de castigar severamente la colaboración logística y la facilitación de recursos tecnológicos.
Asimismo, la iniciativa jurídica prevé la ampliación del plazo de retención preventiva hasta por cuarenta y ocho horas en casos de alta complejidad, la prohibición de medidas cautelares sustitutivas y la autorización excepcional para ejecutar allanamientos coordinados con el Ministerio Público sin orden judicial previa ante situaciones de flagrancia e inmediatez delictiva.
En el ámbito carcelario, el articulado propone la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria, la implementación de rigurosos controles biométricos, el uso de tecnología inhibidora de drones y la prohibición absoluta de expresiones visuales alusivas a pandillas, estableciendo un régimen de máxima seguridad para neutralizar la operatividad interna de los reclusos procesados.
