San Pedro Sula, Cortés. El Ministerio Público (MP) anunció que presentará un recurso de apelación contra el sobreseimiento definitivo dictado a favor de tres agentes de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), quienes fueron procesados por suponerlos responsables de tráfico de drogas agravado y, en uno de los casos, también por tenencia de munición prohibida.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con sede en San Pedro Sula, informó que no comparte los argumentos utilizados por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para emitir la resolución.
Por ello, buscará que una instancia judicial superior revise la decisión, especialmente el fallo que declaró nulo el allanamiento realizado en una vivienda que, según las investigaciones, era utilizada como casa de seguridad por agentes de la DAET.
En ese inmueble se encontraron los indicios que dieron origen al requerimiento fiscal contra los tres funcionarios policiales.
¿Por qué el Ministerio Público apelará el sobreseimiento?
El principal desacuerdo de la Fiscalía se centra en la declaración de nulidad del allanamiento y la exclusión de las pruebas obtenidas durante esa diligencia.
Según el Ministerio Público, el registro de la vivienda fue autorizado por un juez competente y se ejecutó dentro del horario establecido por la ley. Bajo ese argumento, considera necesario que un tribunal superior examine las condiciones en que se desarrolló el procedimiento y los fundamentos jurídicos que llevaron a invalidarlo.
La Fiscalía sostiene que estos aspectos son determinantes para evaluar la legalidad de las actuaciones investigativas y la decisión judicial que favoreció a los tres agentes.
Con el recurso de apelación, el ente acusador pretende que se revisen los argumentos presentados durante el proceso y se determine si corresponde mantener o modificar la resolución.
Fiscalía presentó 24 medios de prueba y tres testigos
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso 24 medios de prueba y presentó a tres testigos como parte de los elementos que, según la Fiscalía, respaldan las investigaciones realizadas en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Entre los elementos mencionados figuran dictámenes periciales relacionados con la droga decomisada durante las diligencias investigativas.
Estos elementos formaron parte del sustento presentado por la Fiscalía en el proceso contra los tres agentes. Sin embargo, la resolución judicial cuestionada por el ente acusador incluyó la declaración de nulidad del allanamiento y la exclusión de los indicios obtenidos en esa diligencia.
El Ministerio Público considera que estos aspectos deben ser examinados nuevamente por una instancia superior antes de que quede firme la decisión.
MP no descarta investigar al juez que conoció el caso
Además de anunciar la apelación, el Ministerio Público informó que no descarta iniciar una investigación contra el juez que conoció la causa.
La institución argumentó que las diligencias del caso se ejecutaron conforme a la ley y reiteró que utilizará los mecanismos legales disponibles para que se revisen los fundamentos de la resolución.
No obstante, cualquier eventual investigación contra el juez deberá desarrollarse por las vías correspondientes y determinar si existen elementos que la justifiquen.
Por ahora, el anuncio de la Fiscalía se concentra en impugnar el sobreseimiento definitivo concedido a los tres agentes de la DAET.
¿Qué significa el sobreseimiento definitivo?
El sobreseimiento definitivo es una resolución judicial que pone fin al proceso penal respecto de las personas favorecidas por esa decisión, conforme a los fundamentos legales aplicables.
En este caso, el Ministerio Público busca que una instancia superior revise el fallo mediante un recurso de apelación. La presentación y resolución de ese recurso deberán seguir los procedimientos establecidos en la legislación hondureña.
Hasta que se conozca el resultado de la impugnación, la controversia se centra en la legalidad del allanamiento, la admisión de los indicios recabados y los argumentos jurídicos que sustentaron la decisión judicial.
